Pakistán reanuda deportaciones masivas de refugiados afganos pese a críticas

PESHAWAR, Pakistán — Bajo órdenes del gobierno federal, las fuerzas de seguridad han reiniciado una operación de repatriación coercitiva que afecta a más de 1,4 millones de afganos, según documentos internos obtenidos por este medio. ¿Qué impulsa esta medida ahora, cuando la situación en Afganistán sigue siendo crítica bajo el régimen talibán?

Fuentes gubernamentales, bajo condición de anonimato, confirmaron que las redadas se centran en titulares de Tarjetas de Prueba de Registro vencidas, aunque testigos reportan detenciones indiscriminadas. “Nos tratan como criminales”, denuncia Rehmat Ullah, cuya familia reside en Peshawar desde hace tres generaciones.

Un memorándum del 31 de julio —al que tuvimos acceso exclusivo— revela instrucciones precisas para identificar y trasladar a los migrantes hacia los puntos fronterizos de Torkham y Chaman. Sin embargo, funcionarios locales admiten que muchos carecen de redes de apoyo en un Afganistán devastado por la crisis económica.

La contradicción es evidente: mientras el ACNUR califica estas acciones como refoulement (devolución ilegal), el comisionado Shakeel Khan insiste en un proceso “digno”. ¿Dónde está la línea entre seguridad nacional y violación de tratados internacionales? Expertos consultados señalan que Pakistán incumple la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

Lo más alarmante emerge de los datos: con 800,000 poseedores de Tarjetas de Ciudadano Afgano también en la mira, la operación podría dejar a más de 2 millones de personas en limbo jurídico. Testimonios recogidos en Baluchistán describen allanamientos nocturnos y familias separadas durante los operativos.

La pregunta clave permanece: ¿Es esta una estrategia para presionar a la comunidad internacional ante la reducción de fondos para refugiados, o responde a tensiones políticas con los talibanes? Mientras Islamabad guarda silencio, organizaciones humanitarias alertan sobre un inminente colapso en los campos de acogida afganos.

La investigación revela un patrón preocupante: desde 2023, las deportaciones han aumentado un 240%, coincidiendo con la retirada de ayuda económica extranjera. Documentos filtrados muestran que el Ministerio del Interior priorizó esta medida pese a advertencias de inteligencia sobre riesgos de radicalización.

Al cierre de esta edición, nuevas evidencias sugieren que las autoridades están destruyendo documentos de identidad confiscados —práctica que, según abogados de derechos humanos, busca eliminar pruebas de residencia legal prolongada. El mundo observa mientras se desarrolla una de las mayores crisis migratorias de la década.