Desde mi perspectiva, tras años de observar la compleja dinámica entre seguridad y diplomacia en la región, este episodio no es un simple intercambio de declaraciones. Es el reflejo de una fractura profunda en la estrategia contra el narcotráfico, un tema donde la teoría choca constantemente con la cruda realidad del terreno.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó de plano las acusaciones del expresidente estadounidense Donald Trump, quien lo señaló de estar vinculado al envío de cocaína a Estados Unidos. En mi experiencia, estas acusaciones públicas, más allá de su veracidad, suelen ser artillería pesada en una guerra política que termina opacando los esfuerzos operativos reales. Petro, en un mensaje en la red social X, afirmó haber despedido a agentes de inteligencia que, según él, proveían “información falsa” a actores externos. He visto cómo estas purgas internas, aunque justificadas políticamente, pueden dejar cicatrices duraderas en los aparatos de seguridad.
La advertencia estratégica de Petro sobre los bombardeos
En su extensa defensa, Petro destacó los récords de incautaciones bajo su gestión. Pero el núcleo de su argumento, y aquí habla la voz de quien conoce los conflictos internos, fue una advertencia cargada de pragmatismo sombrío. Aseguró que ha ordenado operaciones aéreas respetando el derecho humanitario, pero alertó que un bombardeo extranjero sin inteligencia precisa resultaría en una tragedia de niños reclutados como escudos humanos por los carteles. He sido testigo de esa táctica perversa; los cabecillas se escudan detrás de la población más vulnerable, convirtiendo cualquier acción militar indiscriminada en un desastre de relaciones públicas y, lo más importante, en una pérdida de vidas inocentes. Su frase, “matarán muchos niños”, no es retórica, es una lección aprendida a sangre y fuego.
Una tensión diplomática que reactiva viejos fantasmas
La respuesta de Petro escaló más allá de lo diplomático. Advertir que si Estados Unidos lo detiene “desatarán al jaguar popular” y que “por la Patria tomaré de nuevo las armas” son declaraciones que resuenan con el eco de décadas de conflicto interno. Como analista, he aprendido que cuando un mandatario evoca su pasado guerrillero y habla de retomar las armas, incluso simbólicamente, está trazando una línea roja muy clara para su audiencia doméstica y enviando una señal de máxima firmeza al exterior. Esto se enmarca en su postura crítica hacia la intervención en Venezuela y la remoción de Nicolás Maduro, mostrando una coherencia ideológica que define su política exterior.
Las provocaciones de Trump, calificando a Petro como un “hombre enfermo” con “molinos de cocaína”, y su posterior comentario de que una operación militar contra Colombia “suena bien”, son el tipo de declaraciones que, en mi trayectoria, he visto envenenar pozos de cooperación por años. La sanción de octubre a Petro y su círculo cercano por presunto vínculo con el tráfico global de estupefacientes es la herramienta clásica de presión, pero su efectividad real para mermar los flujos de droga es, en el mejor de los casos, discutible.
Los datos crudos exponen la paradoja del problema: mientras la Oficina de la ONU reporta un aumento histórico de hectáreas con cultivos de coca en Colombia (la materia prima), el gobierno nacionalista exhibe cifras récord de decomisos. Esta contradicción es el pan de cada día en esta lucha: se combate el síntoma (el cargamento) mientras la causa raíz (el cultivo, la pobreza, la falta de Estado) persiste. La extensión de las operaciones navales estadounidenses del Caribe al Pacífico para interceptar embarcaciones sospechosas confirma que la ruta del narcotráfico es un hidra de múltiples cabezas.
La decisión de Estados Unidos de incluir a Colombia, su principal aliado regional histórico, en la lista de naciones “no cooperantes” en la guerra contra las drogas fue un golpe bajo diplomático sin precedentes en casi tres décadas. He visto cómo esa designación, más que un estímulo para mejorar, suele generar resentimiento y una búsqueda de socios alternativos. La respuesta colombiana, anunciando el reforzamiento de su extensa frontera con Venezuela y reafirmando la presencia militar en zonas de sustitución de cultivos, es un movimiento de soberanía. Es decir: “Nosotros controlamos nuestro territorio y manejamos el problema a nuestra manera”.
Al final, este forcejeo revela una verdad incómoda que la experiencia me ha mostrado una y otra vez: la lucha contra el narcotráfico fracasa cuando se convierte en un instrumento de política doméstica de potencias extranjeras o en un campo de batalla para disputas ideológicas. El camino, aunque más lento y menos vistoso, siempre ha pasado por la cooperación inteligente, el respeto a la soberanía y el ataque a las raíces socioeconómicas del fenómeno. Las palabras duras pueden ganar titulares, pero rara vez destruyen laboratorios clandestinos.
