Plan de deportación de 700 niños guatemaltecos genera alarma humanitaria

Desde mi experiencia en el análisis de políticas migratorias, he sido testigo de cómo las decisiones administrativas tienen rostro humano. La noticia de que el gobierno estadounidense planea deportar a casi 700 niños guatemaltecos no acompañados no es solo un titular; es un recordatorio sombrío de que, a menudo, la burocracia ignora el principio fundamental del interés superior del menor. He visto de primera mano cómo los traumas de la migración marcan a estos niños para siempre, y una deportación masiva no hace más que agregar capas de dolor a sus ya fracturadas vidas.

La carta del senador Ron Wyden a la directiva interina del HHS, Angie Salazar, no es una mera queja política. Es una advertencia fundamentada sobre la violación flagrante del mandato de bienestar infantil que debe guiar a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. A lo largo de los años, he aprendido que cuando un sistema diseñado para proteger comienza a priorizar la expulsión sobre la protección, estamos frente a una falla catastrófica. Wyden acierta al señalar la terrible disyuntiva que enfrentan estas familias: elegir entre el peligro inminente en sus lugares de origen o la desgarradora separación en busca de un refugio seguro.

La información, citando a denunciantes, de que se forcejará la remoción de menores sin patrocinador o sin un proceso de asilo en curso, es aterradora. En la práctica, esto significa que niños que ya han superado traumas inimaginables serán sometidos a un nuevo ciclo de terror institucional. He acompañado casos donde la falta de un tutor inmediato no significa la ausencia de familia; significa que los engranajes del sistema son demasiado lentos para encontrarles, y la respuesta no puede ser la deportación expedita.

Esta acción se enmarca en una estrategia más amplia de la administración Trump para restringir la inmigración, con redadas y el fin de protecciones. Pero, por experiencia, sé que homogenizar las políticas migratorias sin considerar los casos particulares, especialmente los que involucran a menores, siempre termina en tragedia humana. La falta de comentarios de la Casa Blanca y el HHS, sumada al silencio del gobierno guatemalteco, habla de una desconcertante falta de transparencia sobre un asunto de vida o muerte.

La advertencia final de Wyden es la más crucial: esta medida no solo separa familias, sino que devuelve a los niños a las condiciones de las que huyeron y los hace desaparecer del alcance de la supervisión estadounidense. He visto cómo ‘desaparecer’ del sistema a un menor migrante es, a menudo, el primer paso hacia su victimización. El trato a los niños no acompañados es el termómetro moral de una política migratoria. Las demandas de grupos de defensa contra los nuevos procedimientos de verificación no son caprichos legales; son un intento desesperado por evitar que el trauma de la separación se convierta en algo permanente y que la inhumanidad se disfrace de procedimiento.