Desde mi experiencia en el análisis de políticas migratorias, he sido testigo de cómo las decisiones administrativas tienen rostro humano. La noticia de que el gobierno estadounidense planea deportar a casi 700 niños guatemaltecos no acompañados no es solo un titular; es un recordatorio sombrío de que, a menudo, la burocracia ignora el principio fundamental del interés superior del menor. He visto de primera mano cómo los traumas de la migración marcan a estos niños para siempre, y una deportación masiva no hace más que agregar capas de dolor a sus ya fracturadas vidas.
La carta del senador Ron Wyden a la directiva interina del HHS, Angie Salazar, no es una mera queja política. Es una advertencia fundamentada sobre la violación flagrante del mandato de bienestar infantil que debe guiar a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. A lo largo de los años, he aprendido que cuando un sistema diseñado para proteger comienza a priorizar la expulsión sobre la protección, estamos frente a una falla catastrófica. Wyden acierta al señalar la terrible disyuntiva que enfrentan estas familias: elegir entre el peligro inminente en sus lugares de origen o la desgarradora separación en busca de un refugio seguro.
La información, citando a denunciantes, de que se forcejará la remoción de menores sin patrocinador o sin un proceso de asilo en curso, es aterradora. En la práctica, esto significa que niños que ya han superado traumas inimaginables serán sometidos a un nuevo ciclo de terror institucional. He acompañado casos donde la falta de un tutor inmediato no significa la ausencia de familia; significa que los engranajes del sistema son demasiado lentos para encontrarles, y la respuesta no puede ser la deportación expedita.
Esta acción se enmarca en una estrategia más amplia de la administración Trump para restringir la inmigración, con redadas y el fin de protecciones. Pero, por experiencia, sé que homogenizar las políticas migratorias sin considerar los casos particulares, especialmente los que involucran a menores, siempre termina en tragedia humana. La falta de comentarios de la Casa Blanca y el HHS, sumada al silencio del gobierno guatemalteco, habla de una desconcertante falta de transparencia sobre un asunto de vida o muerte.
La advertencia final de Wyden es la más crucial: esta medida no solo separa familias, sino que devuelve a los niños a las condiciones de las que huyeron y los hace desaparecer del alcance de la supervisión estadounidense. He visto cómo ‘desaparecer’ del sistema a un menor migrante es, a menudo, el primer paso hacia su victimización. El trato a los niños no acompañados es el termómetro moral de una política migratoria. Las demandas de grupos de defensa contra los nuevos procedimientos de verificación no son caprichos legales; son un intento desesperado por evitar que el trauma de la separación se convierta en algo permanente y que la inhumanidad se disfrace de procedimiento.
