Redadas migratorias regresan a Los Ángeles con polémico operativo encubierto ‘Caballo de Troya’

Agentes federales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) realizaron este miércoles un operativo migratorio en la zona de Westlake, en Los Ángeles, que culminó con la detención de al menos 16 personas. La redada, llevada a cabo en las primeras horas de la mañana, ha generado una oleada de críticas por parte de organizaciones civiles y defensores de derechos humanos.

El operativo, denominado ‘Operación Caballo de Troya’, se ejecutó a las 6:40 a.m., en el estacionamiento de un establecimiento Home Depot, cerca del Parque MacArthur. Este punto es conocido por ser un lugar habitual donde trabajadores migrantes ofrecen mano de obra. La operación consistió en el despliegue de agentes encubiertos que viajaban a bordo de un camión de mudanzas de la empresa Penske.

Desde el vehículo, los agentes salieron rápidamente para perseguir y detener a personas que se encontraban en el lugar, la mayoría de ellas en situación migratoria vulnerable. Según testimonios recabados por activistas, la intervención se produjo de manera sorpresiva y generó pánico entre quienes se encontraban buscando empleo.

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El operativo se realizó a pesar de una orden judicial vigente que prohíbe expresamente la realización de detenciones indiscriminadas en el área metropolitana de Los Ángeles. Esta medida legal busca evitar que las autoridades actúen con base en el perfil racial, el idioma hablado o la mera presencia en ciertos espacios públicos.

De acuerdo con declaraciones oficiales, la Administración Trump justificó el operativo señalando que iba dirigido a identificar y detener presuntos integrantes de la pandilla MS-13. Sin embargo, organizaciones como Unión del Barrio han cuestionado la legalidad y el enfoque del operativo, argumentando que los verdaderos objetivos fueron trabajadores migrantes que no representan amenaza alguna para la seguridad pública.

La empresa de transporte Penske se deslindó de cualquier participación en la operación, asegurando que su camión fue utilizado sin su conocimiento ni autorización previa. La situación ha generado cuestionamientos sobre el uso de vehículos civiles en actividades de vigilancia y detención por parte de agencias federales.

Activistas y abogados defensores de migrantes han advertido que este tipo de redadas podrían repetirse en otras zonas de la ciudad, pese a las restricciones impuestas por las cortes. Señalan que la operación constituye una forma de persecución encubierta, que ignora el marco legal y socava la confianza de las comunidades inmigrantes en las instituciones.

El barrio de Westlake, donde ocurrieron los hechos, es considerado uno de los centros urbanos con mayor presencia de población migrante en Los Ángeles. Para muchos de sus residentes, el operativo representa una amenaza directa a su derecho a vivir y trabajar con dignidad.

Organizaciones comunitarias han convocado a reuniones de emergencia para ofrecer apoyo legal a los detenidos y preparar acciones que frenen futuras redadas. Mientras tanto, la comunidad permanece en alerta, exigiendo transparencia y respeto a los derechos humanos de quienes han sido históricamente marginados.