Con una trayectoria que incluye casos emblemáticos de tecnología y derechos digitales, he visto cómo la falta de regulación en inteligencia artificial (IA) puede generar abusos. El diputado Eruviel Ávila, presidente de la Comisión de Ciencia en la Cámara, presentó una iniciativa que merece análisis: una reforma a nueve artículos constitucionales para establecer parámetros claros en el desarrollo y aplicación de estas herramientas.
Recuerdo cuando, en 2023, una empresa replicó voces de actores fallecidos sin consentimiento. Por eso valoro que el artículo 4° proponga proteger derechos de autor en creaciones difundidas mediante IA, algo que expertos llevamos años demandando. “Debemos salvaguardar el legado cultural”, afirmó Ávila, refiriéndose al reciente caso del actor José Lavat.
El artículo 21 plantea un dilema que conozco bien: equilibrar seguridad pública y privacidad. La propuesta permitiría a autoridades usar IA para combatir el crimen, pero con salvaguardas éticas. En mi experiencia, sin marcos claros, sistemas predictivos pueden perpetuar sesgos. La redacción actual exige enfoques no discriminatorios, algo crucial tras fallidos experimentos en otros países.
Lo más disruptivo está en el artículo 73: facultar al Congreso para crear leyes específicas sobre IA. Como asesor en proyectos de machine learning, sé que la regulación debe ser ágil para no obstaculizar innovación. Ávila lo resume bien: “Sin dejar cabos sueltos”. La clave, como aprendí colaborando con startups, será evitar normas demasiado rígidas que frenen el desarrollo tecnológico responsable.
Esta iniciativa marca un precedente en América Latina. Tras participar en mesas de trabajo de la OCDE sobre IA, veo que México podría posicionarse como pionero en regulación equilibrada, siempre que se escuche a todos los actores: desde desarrolladores hasta sociedad civil.
