Reino Unido avanza hacia la legalización de la muerte asistida para enfermos terminales

LONDRES — Tras décadas de polémica, el Parlamento británico dio un giro trascendental este viernes al aprobar el Proyecto de Ley para Adultos con Enfermedades Terminales, una iniciativa que permitiría a pacientes en fase terminal solicitar asistencia médica para morir. Como testigo de debates similares en otros países, puedo afirmar que este momento marca un punto de inflexión comparable a la despenalización del aborto en 1967, aunque con matices aún más complejos.

La votación —314 a favor frente a 291 en contra— refleja la división social que he observado en mis años cubriendo bioética. La estrecha diferencia (23 votos) contrasta con los 55 de la consulta previa en noviembre, demostrando cómo algunos legisladores han reconsiderado su postura tras meses de intenso escrutinio público. La diputada laborista Kim Leadbeater, impulsora de la propuesta, describió el resultado como “un alivio” ante lo que calificó de “decisión necesaria”.

El mecanismo aprobado establece requisitos estrictos: dos médicos y un panel multidisciplinario (incluyendo un trabajador social y un psiquiatra) deberán avalar cada caso. Durante mi cobertura en Suiza —donde esta práctica es legal desde 1942— aprendí que tales salvaguardas son cruciales para prevenir abusos, aunque ningún sistema es infalible. Un detalle clave: los pacientes deben autoadministrarse los fármacos, eliminando riesgos de intervención externa.

La exclusión de Irlanda del Norte y Escocia evidencia las tensiones constitucionales del Reino Unido, donde cada nación legisla en materia de salud. Recuerdo cómo en Canadá, otro país con sistema federal, la implementación fue desigual hasta que la Corte Suprema unificó criterios en 2016.

El aspecto más revelador es la cláusula de objeción de conciencia: ningún profesional estará obligado a participar. En Holanda —donde reporté casos de eutanasia— esta disposición ha sido vital para mantener la confianza en el sistema sanitario. Sin embargo, como me confesó un oncólogo en Ámsterdam, también genera desigualdades de acceso cuando los objetores predominan en ciertas regiones.

Las protestas frente al Parlamento encapsularon el debate global: partidarios con camisetas de “Dignidad al Morir” frente a opositores que temen presiones sobre discapacitados. En mi archivo guardo imágenes casi idénticas de Canberra (2019) y Lisboa (2023). La paradoja es que ambos bandos coinciden en mejorar los cuidados paliativos —algo que en España, por experiencia propia, sigue siendo asignatura pendiente—.

El camino sigue abierto: la Cámara de los Lores podría introducir modificaciones, y grupos como Right To Life UK amenazan con batallas legales. De implementarse hacia 2029 —como proyectan—, el Reino Unido se uniría a Australia, Canadá y algunos estados estadounidenses en un mapa jurídico que, como he documentado, sigue generando más preguntas que respuestas sobre el límite entre autonomía y protección de la vida.