El Senado de la República ha decidido suspender temporalmente el proceso para autorizar el ingreso de personal militar de Estados Unidos a territorio mexicano. Esta pausa se produce en un contexto internacional marcado por la reciente captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la intervención militar extranjera en ese país, eventos que han generado una mayor cautela entre los legisladores mexicanos.
La Comisión de Marina del Senado, encabezada por el morenista Carlos Lomelí, canceló sin previo aviso la sesión que tenía agendada para este lunes 5 de enero. En dicha reunión se analizaría y sometería a votación la solicitud del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para permitir la entrada de una delegación de fuerzas estadounidenses con fines exclusivos de adiestramiento. Hasta el momento, no se ha establecido una nueva fecha para retomar la discusión, lo que deja el proceso en un limbo legislativo.
El senador de Morena, Manuel Huerta, confirmó la suspensión y la atribuyó a la necesidad de realizar un análisis más amplio y profundo. “Creo que es importante que nos demos tiempo prudente para abordar este y otros temas”, expresó el legislador.
Esta postura refleja un cambio en la dinámica política, donde un asunto que inicialmente se manejaba con cierta celeridad ahora requiere de mayores deliberaciones a la luz de los acontecimientos globales. La solicitud original, presentada en diciembre, planteaba el ingreso de 29 elementos de la Marina de Estados Unidos.
El contingente estaría compuesto por 19 operadores de los Navy SEALs y 10 miembros del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales. Su misión en México, programada del 19 de enero al 15 de abril de 2026, se enmarcaba en un ejercicio denominado “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”.
El objetivo declarado era reforzar las habilidades tácticas de unidades de élite de la Armada de México a través del intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de la coordinación operativa binacional. Es crucial destacar que el acuerdo, según los términos presentados, limitaba estrictamente las actividades al entrenamiento. No se contemplaba la participación de los militares estadounidenses en operativos de combate ni en acciones directas contra grupos delictivos en territorio mexicano.
El personal ingresaría a bordo de una aeronave militar Hércules C-130 y permanecería bajo un esquema de actividades previamente definido y acordado por ambas naciones, con salida programada una vez concluido el periodo de capacitación. Sin embargo, la reciente intervención militar en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro por fuerzas asociadas a Estados Unidos han alterado radicalmente el panorama.
Estos eventos han activado alarmas de soberanía y han reavivado el debate histórico sobre la presencia de tropas extranjeras en suelo mexicano. Para muchos legisladores, la situación en Venezuela sirve como un recordatorio contundente de los riesgos geopolíticos y las implicaciones de permitir la entrada de fuerzas armadas de una potencia, incluso bajo acuerdos aparentemente acotados.
La decisión del Senado trasciende una mera postergación logística. Se interpreta como una señal política de alto nivel, dirigida tanto al interior del país como a la administración estadounidense. Comunica que México, ante escenarios internacionales volátiles, reafirma su principio de autodeterminación y ejercerá un escrutinio extremo sobre cualquier cooperación que involucre a sus Fuerzas Armadas.
El mensaje subyacente es claro: la soberanía nacional y una evaluación exhaustiva de los contextos regionales son parámetros no negociables. Esta pausa obliga a una reevaluación estratégica. Por un lado, existe un interés legítimo en modernizar y capacitar a las fuerzas especiales mexicanas mediante el intercambio con las consideradas entre las mejores del mundo.
Los beneficios en materia de tácticas, procedimientos y coordinación interagencial son tangibles. Por otro lado, se erige el peso de la historia, la percepción pública y el complejo tablero de las relaciones internacionales, donde un acto de cooperación bilateral puede ser interpretado bajo múltiples lentes en un momento de alta tensión en América Latina. El desenlace de este proceso ahora dependerá de varios factores. En primer lugar, de la evolución de la crisis venezolana y su impacto en la diplomacia regional.
En segundo término, de la capacidad del gobierno federal para ofrecer garantías y explicaciones más sólidas al poder legislativo, disipando cualquier sombra de duda sobre el alcance de la cooperación. Finalmente, de la dinámica política dentro del propio Senado, donde grupos parlamentarios podrían exigir condiciones más estrictas o, incluso, el archivo definitivo de la solicitud. Lo que es seguro es que la relación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos ha entrado en una fase de mayor prudencia y examen detallado.
