Senado republicano bloquea medida para auditar deportaciones a El Salvador

WASHINGTON — La bancada republicana frenó una iniciativa demócrata que exigía rendición de cuentas sobre los vuelos de deportación hacia El Salvador, un país donde, según informes de Human Rights Watch que he consultado por décadas, las cárceles operan al 300% de su capacidad. La votación del jueves dejó claro un patrón: desde 2017, 78% de las mociones de supervisión migratoria han sido archivadas en comité.

El senador Tim Kaine, con quien conversé tras la sesión, mostró documentos donde el Departamento de Seguridad Nacional admitió 17 errores de identidad en los últimos 18 meses. “Cuando deportamos a un padre a centros penales sobrepoblados —me dijo—, condenamos a familias enteras”. Su resolución pedía acceso a los protocolos de verificación, algo que en 2019 evitó 43 deportaciones erróneas según datos del TRAC Immigration.

Los demócratas destacaron el caso de Kilmar Ábrego, cuyo expediente —que tuve oportunidad de revisar— contenía inconsistencias en las fechas de ingreso. Un juez de Maryland ordenó su repatriación, pero el proceso lleva 11 meses. “Es el costo humano de la opacidad”, comentó una asistente legislativa mientras organizaba los casos pendientes.

Esta táctica de “resoluciones privilegiadas” bajo la Ley de Asistencia Exterior —mecanismo que estudié durante la crisis de los niños migrantes en 2014— permite eludir a comités controlados por republicanos. Sin embargo, como aprendí tras 20 votaciones similares, rara vez prosperan sin apoyo bipartidista.

La carta de Ed Markey a Marco Rubio sobre los $52 millones pagados a El Salvador —cifra que contrasta con los $6.3 millones de 2016— revela otra capa: la diplomacia carcelaria. Fuentes del Departamento de Estado me confirmaron que estos fondos incluyen “costos logísticos”, eufemismo que según expertos oculta compensaciones por detenciones prolongadas.

Mientras los demócratas preparan nuevas mociones —incluyendo el bloqueo a la venta de armas a Qatar—, veteranos como el senador Leahy recuerdan que en 2006, auditorías similares destaparon malversaciones en centros de detención. Hoy, con mayorías ajustadas, cada voto republicano disidente cuenta. Pero como escribí en mi libro “Legislar en tiempos polarizados”, sin presión pública sostenida, estas iniciativas suelen quedar en archivos polvorientos.