Una iniciativa que promete sacudir los cimientos de los privilegios en la administración pública. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Senado una reforma constitucional para poner un freno a lo que muchos llaman ‘pensiones doradas’.
La propuesta es clara: a partir de ahora, las pensiones de exfuncionarios de confianza no podrán superar el 50% del sueldo presidencial. Pero aquí viene el primer filtro periodístico: ¿quiénes exactamente caen en esta categoría?
“Quiero dejar muy en claro que no tiene que ver con trabajadores y trabajadoras con contratos colectivos”, enfatizó Sheinbaum durante su conferencia matutina. “Nos estamos refiriendo a aquellos trabajadores de confianza, a los altos mandos”.
Las cifras que acompañan el anuncio son reveladoras. Según datos presentados por la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro Sánchez, la situación actual es insostenible.
En Luz y Fuerza del Centro en Liquidación, 3,504 extrabajadores reciben jubilaciones mayores al sueldo neto mensual de la presidenta. Algunas alcanzan el millón de pesos mensuales.
Pero el verdadero alcance de esta investigación se revela al conectar los puntos entre distintas dependencias:
- Pemex: 544 pensionados con ingresos superiores al ejecutivo federal
- CFE: 2,199 personas en la misma situación
- Instituciones bancarias como Nafin, Banobras y Bancomext suman otros 50 casos
La consejera jurídica Esthela Damián Peralta fundamenta la reforma en tres principios: Austeridad Republicana, Humanismo Mexicano y Responsabilidad Financiera. Sin embargo, surgen preguntas incisivas: ¿por qué estas pensiones exorbitantes persistieron tanto tiempo? ¿Qué mecanismos permitieron su creación?
El cálculo oficial estima un ahorro de 5,000 millones de pesos anuales, dinero que según el gobierno se redirigirá a programas sociales. Pero más allá de las cifras, esta iniciativa representa un cambio filosófico: el fin de la era donde servidores públicos podían retirarse con ingresos que multiplicaban exponencialmente sus salarios activos.
La verdadera prueba comenzará el próximo lunes cuando la iniciativa llegue al Senado. Allí se verá si los legisladores están dispuestos a cortar uno de los últimos privilegios del viejo sistema.
