El gobierno de Suiza ha ordenado el bloqueo inmediato de cualquier activo financiero que el depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, o personas vinculadas a él pudieran mantener en el país. La medida, decretada este lunes, tiene como objetivo explícito impedir una potencial fuga de capitales desde el sistema financiero suizo en el contexto actual.
La disposición no se limita a Maduro, sino que se extiende a su esposa, Cilia Flores, otros familiares y antiguos ministros de su gobierno. Las autoridades helvéticas han sido precisas al aclarar que ningún miembro del actual gobierno venezolano en funciones está afectado por esta decisión concreta. El bloqueo patrimonial entra en vigor de forma instantánea y se establece por un período inicial de cuatro años, sujeto a revisión.
Esta acción se enmarca en un mecanismo legal suizo que permite, bajo circunstancias específicas, congelar activos para prevenir su retirada cuando existen fundadas sospechas sobre su origen ilícito. El procedimiento es preventivo y está diseñado para dar tiempo a que las autoridades judiciales competentes, generalmente de otros países, inicien las investigaciones formales. Suiza actúa así como un custodio temporal de los fondos, garantizando que permanezcan en su territorio a disposición de la justicia.
El gobierno subraya que, si eventuales procedimientos judiciales demuestran el origen ilegal de estos recursos, Suiza se asegurará de que sean restituidos para beneficio de la población venezolana. Este punto es crucial, ya que traslada la carga de la prueba a los sistemas judiciales extranjeros. Son las autoridades de los estados afectados las que deben iniciar los trámites de asistencia judicial internacional, presentar las solicitudes formales y aportar las evidencias que sustenten la ilicitud del dinero.
La decisión complementa, pero es distinta, de las sanciones que Suiza aplica contra Venezuela desde 2018, las cuales ya incluían medidas de congelación de activos. Los nuevos bloqueos están dirigidos específicamente a individuos que hasta ahora no habían sido objeto de sanciones por parte de Berna, lo que indica un enfoque más personalizado y ligado a eventos recientes.
Este movimiento se produce en un escenario internacional complejo, marcado por la reciente extradición de Nicolás Maduro y Cilia Flores a los Estados Unidos, donde enfrentan cargos por narcoterrorismo. Mientras Washington describe su operación como un acto policial, numerosos países han cuestionado su legalidad bajo el derecho internacional. En este clima de tensión, la acción de Suiza representa una intervención técnica y basada en su propia legislación financiera, posicionándose como un actor que prioriza la estabilidad de su plaza bancaria y la cooperación judicial por encima de consideraciones políticas inmediatas.
La medida suiza tiene implicaciones prácticas significativas. Por un lado, sirve como una barrera defensiva para proteger la integridad de su sistema financiero, evitando que se convierta en un refugio para capitales de dudosa procedencia en un momento de alta volatilidad. Por otro, facilita el trabajo de investigadores y fiscales extranjeros al asegurar que los presuntos activos no desaparecerán durante el lento y meticuloso proceso de construir un caso penal sólido. Es un ejemplo de cómo los instrumentos de gobernanza financiera pueden utilizarse para apoyar procesos de rendición de cuentas, aunque su éxito final dependa de la evidencia que se logre reunir y presentar en los tribunales competentes.
