MANILA, Filipinas — Mientras la tormenta tropical Bualoi abandonaba el archipiélago este viernes, dejaba tras de sí una estela de al menos diez fallecidos, una red eléctrica colapsada y una pregunta incómoda que resuena más fuerte que el viento: ¿hasta qué punto la mano del hombre agravó esta catástrofe natural? La evacuación de más de 433.000 personas no fue solo una respuesta a un meteoro, sino un triste reflejo de una vulnerabilidad crónica.
Este fenómeno meteorológico es el decimoquinto ciclón tropical en azotar el país en lo que va de año, una sucesión implacable que pone a prueba la resiliencia de la nación. Pero nuestra investigación revela que la verdadera tormenta podría estar gestándose en los pasillos del poder. ¿Por qué, tras cada tifón, las mismas comunidades quedan sumergidas? ¿Qué conexión existe entre los proyectos de control de inundaciones y las acusaciones de corrupción que ahora sacuden al gobierno del presidente Ferdinand Marcos Jr.?
Los testimonios recabados en terreno son desgarradores. “Necesitamos operaciones de limpieza porque la mayor parte de nuestra red de carreteras no es transitable para el paso de la ayuda alimentaria“, declaró el gobernador de la provincia de Masbate, Ricardo Kho, una de las zonas más afectadas. Sus palabras, más que una petición de auxilio, suenan a una acusación velada contra un sistema que ha fallado a su pueblo.
La trama se complica con documentos y declaraciones obtenidas en una investigación del Senado. Dos ingenieros gubernamentales destituidos testificaron esta semana que, durante los últimos seis años, la mayoría de las obras de infraestructura en la provincia de Bulacan, clave para la mitigación de inundaciones, fueron construidas de manera deficiente o a precios inflados. El objetivo: financiar supuestos sobornos a legisladores. Estas revelaciones dibujan un panorama sombrío donde la corrupción no es un delito abstracto, sino un factor que directamente socava la capacidad de Filipinas para enfrentar el cambio climático.
Las consecuencias son tangibles. Muros de contención que se derrumban como el que causó una de las muertes en Masbate; sistemas de drenaje que colapsan ante la primera lluvia fuerte; carreteras intransitables que impiden la ayuda. Cada eslabón débil en esta cadena parece tener un hilo conductor que lleva a despachos gubernamentales.
El propio Marcos calificó la magnitud de la corrupción y su impacto en los ciudadanos como “horrible”, prometiendo que nadie, ni siquiera sus aliados, estaría exento de las pesquisas. Sin embargo, para las más de 433.000 personas en refugios de emergencia, las promesas suenan huecas frente a la realidad de haberlo perdido todo, no solo por la fuerza de la naturaleza, sino posiblemente por la avaricia humana.
La conclusión de esta investigación periodística es alarmante: Filipinas se enfrenta a una doble amenaza. Por un lado, los fenómenos climáticos cada vez más intensos. Por otro, un sistema de corrupción estructural que debilita las defensas del país, convirtiendo desastres naturales en tragedias anunciadas. La tormenta Bualoi se ha disipado, pero la que se avecina en el ámbito político y social podría ser aún más devastadora.
