En un movimiento que busca reconfigurar el panorama político tras un evento sísmico, el gobierno venezolano anunció este jueves la excarcelación de un “número importante” de ciudadanos y extranjeros. Esta decisión, enmarcada como un gesto para la “convivencia pacífica”, llega apenas cinco días después de una audaz intervención militar estadounidense que resultó en la captura del expresidente Nicolás Maduro. Pero, ¿es realmente un acto de reconciliación o una maniobra táctica de un régimen bajo una presión sin precedentes?
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la nueva presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró a la prensa que los procesos de liberación “están ocurriendo desde este mismo momento”. Sin embargo, el cercano colaborador del depuesto mandatario se negó a especificar cifras concretas, dejando un vacío de información que organizaciones de la sociedad civil se apresuran a llenar con sus propias verificaciones.
Mientras el Ministerio de Asuntos Exteriores de España celebraba la puesta en libertad de cinco connacionales, el Foro Penal, una prestigiosa organización defensora de derechos humanos en Venezuela, aportaba un contexto crucial. Hasta el 29 de diciembre, documentaban 863 personas detenidas por “razones políticas”, una categoría que el aparato oficial niega rotundamente, acusando a los reclusos de conspirar para desestabilizar al gobierno.
La verificación independiente y un historial de represión
Alfredo Romero, director del Foro Penal, calificó las liberaciones como “buenas noticias” en un comunicado en la red social X, pero añadió un escepticismo necesario: “Estaremos verificando cada libertad”. Esta cautela no es infundada. Tras las polémicas elecciones presidenciales de 2024, que consolidaron a Maduro en el poder ante el cuestionamiento internacional, una ola de protestas callejeras fue respondida con una dura represión, resultando en al menos 2,000 detenciones según cifras oficiales, una cifra que grupos independientes consideran conservadora.
La exigencia de liberar a figuras opositoras y críticos ha sido una demanda constante del gobierno de Estados Unidos y de la oposición interna. Ahora, con Maduro enfrentando cargos de narcoterrorismo ante un tribunal en Nueva York, la presión parece estar dando frutos, aunque la narrativa oficial evita cuidadosamente este vínculo.
Ansiedad y esperanza: el drama humano fuera de los calabozos
La noticia desató una ola de expectativa desbordante. Fuera del centro penitenciario El Rodeo, en el estado Miranda, y de El Helicoide, tristemente célebre sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), familiares aguardaban con una mezcla de ansiedad y esperanza. “Estamos muy ansiosos… Hay más de 120 presos políticos”, declaró Margareth Baduel, familiar de un detenido, revelando la brecha entre la cifra oficial (cero) y la realidad que viven los allegados.
El alcance internacional del gesto se hizo evidente en un centro comunitario de Buenos Aires, Argentina, donde amigos y familiares de connacionales detenidos en Venezuela se reunieron en un tenso vigilia. Entre ellos estaba María Alexandra Gómez, novia de Nahuel Agustín Gallo, un suboficial argentino detenido por más de un año bajo la acusación, rechazada por su familia, de terrorismo. “Hemos luchado muchísimo por muchísimo tiempo para estar viviendo el momento en que se abren las cárceles de Venezuela”, afirmó Gómez, abrazando a su hijo de dos años.
Un diálogo selectivo y un vacío de poder en disputa
Al ser interrogado sobre un posible diálogo con todos los sectores opositores, incluido el liderado por la figura emblemática María Corina Machado, Jorge Rodríguez fue evasivo. Afirmó que la comunicación existe con instituciones que “acaten la Constitución”, omitiendo deliberadamente el nombre de Machado, cuya paradero actual se desconoce. Horas después de la captura de Maduro, la opositora y Premio Nobel de la Paz había reclamado en redes sociales que el legítimo presidente, Edmundo González Urrutia, electo en 2024 según la oposición, debía “asumir de inmediato” y “tomar el poder”.
Mientras, desde Estados Unidos, el expresidente Donald Trump, bajo cuyo mandato se ejecutó la operación, descartó el liderazgo de Machado y afirmó que su administración “administrará el país”, planteando un escenario de injerencia directa que complica aún más el panorama.
La nueva arquitectura del poder: ¿Gesto genuino o cálculo de supervivencia?
La investigación revela que esta oleada de liberaciones no ocurre en un vacío. Es la primera acción de peso de un gobierno interino liderado por Delcy Rodríguez, juramentada como presidenta encargada “por tiempo indeterminado” ante una Asamblea Nacional de mayoría oficialista. Al no declarar la “falta absoluta” de Maduro, el chavismo evita por ahora la obligación constitucional de convocar elecciones en 30 días, manteniendo el control a través de un grupo de altos funcionarios de la antigua administración.
La conclusión es ineludible: más que un acto de pura benevolencia, la excarcelación masiva parece ser un cálculo estratégico. Es un intento de apaciguar la presión internacional, desactivar la tensión social interna y proyectar una imagen de normalidad y diálogo mientras el núcleo del poder chavista, ahora sin su líder máximo, se reorganiza y negocia su futuro en un tablero geopolítico radicalmente alterado. Las verdaderas intenciones se medirán no solo por cuántas personas salen de las cárceles, sino por si se permite un espacio genuino para la disidencia y una transición política real en las semanas venideras.
