Tribunal Constitucional frena procesos judiciales contra presidenta Boluarte

Un fallo judicial redefine la justicia en la era digital peruana

En una decisión que sienta un precedente crucial para el futuro de la gobernanza, el Tribunal Constitucional de Perú ha emitido un veredicto que paraliza todas las investigaciones en curso contra la presidenta Dina Boluarte. Esta medida se mantendrá vigente hasta la finalización de su mandato el 28 de julio de 2026, momento en el que transferirá el liderazgo al candidato electo en los comicios de abril próximo.

La resolución, publicada en los canales digitales oficiales del tribunal, establece que las pesquisas suspendidas “proseguirán su tramitación al concluir el ejercicio del cargo presidencial”. Este dictamen surge tras la argumentación del equipo legal de Boluarte, que sostuvo la imposibilidad de investigar a la mandataria por delitos no tipificados en el artículo 117 de la Carta Magna peruana.

Este artículo constituye el núcleo duro de la accountability presidencial, permitiendo acusaciones únicamente por traición a la patria, obstrucción de procesos electorales, disolución del Congreso o impedimento del funcionamiento del Legislativo o del Tribunal Electoral.

El Ministerio Público mantenía abiertas ocho pesquisas preliminares contra la jefa de Estado, todas ajenas al articulado mencionado. Entre estas investigaciones destacan la presunta responsabilidad en las muertes de civiles durante las manifestaciones que exigían su renuncia en 2022, y el caso de los relojes de alta gama presuntamente donados por un gobernador beneficiado.

El fallo judicial, de carácter definitivo e inapelable, no ha generado reacciones inmediatas ni de la presidencia ni de la oposición política, creando un vacío de debate público en las plataformas digitales.

La sentencia establece un nuevo protocolo para futuras investigaciones: la fiscalía solo podrá tomar declaraciones en el palacio de gobierno, solicitar información, requerir evidencia documental y posteriormente archivar temporalmente las indagatorias hasta el cierre del mandato.

Adicionalmente, el tribunal precisó que cualquier proceso penal contra un presidente requerirá que la fiscalía presente una denuncia formal ante el Congreso, debiendo este poder del Estado emitir una resolución acusatoria de contenido penal para proceder, configurando así un nuevo ecosistema de checks and balances en la democracia peruana.