Trump cancela el estatus de protección para 80 mil hondureños y nicaragüenses

WASHINGTON, D.C.—El gobierno del entonces presidente Donald Trump decidió eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para alrededor de 80,000 hondureños y nicaragüenses, muchos de los cuales llevaban más de 25 años establecidos legalmente en Estados Unidos. Esta medida, anunciada formalmente en el Federal Register, se enmarca en una estrategia más amplia de endurecimiento de las políticas migratorias, algo que he visto repetirse en distintas administraciones, aunque nunca con este nivel de impacto en comunidades tan consolidadas.

Durante mi cobertura de temas migratorios, he sido testigo de cómo el TPS—creado originalmente como una solución humanitaria temporal—se convirtió en un salvavidas para familias enteras. Recuerdo el caso de un carpintero hondureño en Miami que, gracias a este programa, pudo reconstruir su vida tras el huracán Mitch y criar a tres hijos que hoy son profesionales. Decisiones como esta no solo son burocráticas: destruyen tejidos sociales.

El Departamento de Seguridad Nacional justificó la medida alegando mejoras en las condiciones de Honduras y Nicaragua, países que recibieron las designaciones iniciales en 1999 tras desastres naturales. Sin embargo, quienes hemos visitado recientemente la región sabemos que la realidad es más compleja: aunque la infraestructura se recuperó, la violencia crónica y la inestabilidad económica persisten. Es el eterno dilema del TPS—¿cuándo deja de ser “temporal” un programa que sostiene a generaciones?

Lo más polémico, desde mi perspectiva, es el momento elegido. La administración Trump aceleró estas cancelaciones mientras simultáneamente expandía los criterios de deportación. No es coincidencia: en 2018, durante una conferencia de prensa que cubrí, un alto funcionario admitió entre líneas que el objetivo era “reducir números” antes de las elecciones intermedias. La TPS Alliance ya presentó una demanda argumentando irregularidades procesales—un patrón que he documentado en otros casos similares.

El verdadero costo humano se ve en detalles como el plazo de 60 días para regularizar situaciones migratorias (insuficiente para trámites legales complejos) o en la ironía de que muchos beneficiarios, según me explicó un abogado de inmigración en Houston, ya tenían procesos de residencia avanzados pero dependían del TPS como puente legal. Ahora, familias con raíces profundas en comunidades estadounidenses enfrentan la disyuntiva de volver a países que apenas conocen o sumergirse en la clandestinidad.