Trump decreta la criminalización de la protesta simbólica

En un alarde de fervor patriótico que raya en lo teológico, el mandatario Donald Trump ha decidido enmendar por decreto personal los caprichosos designios de la Justicia. Con la solemnidad de un emperador romano devaluando la moneda, firmó una orden ejecutiva que exige al Departamento de Justicia investigar y procesar el hereje acto de prender fuego a un trozo de tela con estrellas y franjas.

El texto, redactado con la fineza jurídica de un panfleto, reconoce a regañadientes el fallo de 1989 que consideró esta acción una expresión política legítima. No obstante, en un giro digno de un mal argumento de ‘Alice in Wonderland’, sugiere que el humo de la bandera podría contener palabras de combate invisibles que inciten a la ilegalidad inminente, un delito tan futuro e hipotético como la visión geopolítica de su autor.

La ironía suprema, un chiste que los dioses del Olimpo conservador deben estar disfrutando, es que el difunto juez Antonin Scalia, santo patrón de la derecha jurídica alabado incesantemente por Trump, fue parte de la mayoría que consagró ese derecho. Parece que la doctrina originalista se evapora más rápido que la gasolina en un mitin cuando choca con un arrebato de nacionalismo sensiblero.

Trump argumentó, sin molestarse en ofrecer ejemplos de esa epidemia pirotécnica, que quemar el símbolo nacional incita disturbios a niveles nunca vistos. Según su lógica, el verdadero peligro para la unión no son las profundas divisiones sociales o económicas, sino los ciudadanos que, con un mechero y una crítica mordaz, pueden hacer arder los cimientos de la república más poderosa del mundo.

La prosa de la orden eleva el trozo de tela a la categoría de reliquia sagrada, afirmando que su profanación es la expresión más clara posible de oposición a la unión política. En este nuevo credo, la lealtad se mide por la devoción a un símbolo, no por el compromiso con los principios que representa: libertad, disenso y el derecho a decirle a un gobierno que huele a podrido, aunque sea con olor a algodón quemado.

La orden culmina instruyendo al fiscal general que priorice la caza de estos pirómanos sediciosos. Así, el máximo poder ejecutivo moviliza el aparato de Justicia para perseguir un delito de lesa patria conceptual, mientras la parodia de la democracia se representa a sí misma en el Despacho Oval. Una farsa trágica donde el derecho a protestar se convierte en el enemigo a batir.