La administración de Donald Trump ha elevado una petición de urgencia a la Corte Suprema para forzar la destitución inmediata de la gobernadora Lisa Cook de la Junta de la Reserva Federal, en un movimiento que intensifica su embate contra la autonomía de las instituciones.
Este recurso, presentado tras el rechazo de un tribunal de apelaciones, representa la punta de lanza de una estrategia para reconfigurar la cúpula del banco central e imponer una agenda política sobre la política monetaria, algo inédito en los más de cien años de historia del organismo.
La ofensiva de la Casa Blanca busca fracturar un pilar fundamental del sistema financiero global, diseñado específicamente para operar con independencia de los ciclos políticos. Nunca antes un presidente había intentado despedir a un miembro en funciones de la junta de gobernadores.
Cook, nominada por el presidente Joe Biden, se ha mantenido firme en su posición, declarando que no cederá a las presiones y que no permitirá ser intimidada. Su abogado, Abbe Lowell, ha reafirmado que ella “continuará ejerciendo sus funciones juradas como Gobernadora confirmada por el Senado”.
En un giro paralelo, los republicanos del Senado confirmaron a Stephen Miran, el candidato de Trump, para otro asiento vacante en la Fed, consolidando su influencia en el organismo.
El intento de destitución del 25 de agosto fue bloqueado provisionalmente por un juez federal, quien consideró que la medida era probablemente ilegal y reinstauró a Cook en su cargo. Las acusaciones de Trump se centran en supuestas irregularidades en declaraciones de viviendas principales que podrían constituir fraude hipotecario.
Cook ha desmentido categóricamente cualquier acto improcedente y no enfrenta cargos criminales. Documentos internos revelan que en sus solicitudes de préstamo y seguridad describió claramente una de las propiedades como “casa de vacaciones” y “segunda vivienda”, lo que contradice las alegaciones de la administración republicana y evidencia una batalla legal basada en tecnicismos.
