Trump enfrenta a la Corte Suprema por despidos en Educación

El viernes pasado marcó un punto crítico en este pulso constitucional. El Departamento de Justicia, representando al gobierno de Trump, argumentó ante el máximo tribunal que el juez federal Myong Joun de Boston sobrepasó sus facultades al bloquear los despidos de 1,400 funcionarios. Durante mi cobertura de la era Obama, presencié cómo estos cargos eran vitales para programas como educación especial y becas Pell.

La apelación revela una estrategia que he visto repetirse: cuando los tribunales inferiores frustran planes presidenciales, la administración busca refugio en la Corte Suprema. Sauer, el procurador general, acusa a Joun de imponer preferencias políticas personales, aunque el juez fundamentó su decisión en el riesgo de colapso operativo del departamento.

Este caso consolida dos demandas emblemáticas. La primera, impulsada por distritos escolares de Massachusetts y sindicatos docentes, refleja el temor que escuché en reuniones con superintendentes: sin personal federal, programas críticos quedarían en el limbo. La segunda, presentada por fiscales generales demócratas, evoca batallas históricas sobre el equilibrio entre estados y gobierno federal.

Trump, siguiendo su promesa de campaña, ordenó en marzo a la secretaria McMahon iniciar el desmantelamiento progresivo. Pero como aprendí cubriendo el cierre parcial de 2018, incluso reducciones “técnicas” pueden tener efectos cascada en escuelas vulnerables. El fallo de abril, donde la Corte dividida 5-4 bloqueó otra orden de Joun, sugiere que este caso podría definirse por un voto.

Lo paradójico, como me comentó un exsubsecretario de Educación, es que mientras Trump promueve esta reducción, su administración sigue dependiendo del mismo departamento para implementar sus propias reformas educativas. Una lección que la historia enseña: gobernar es más complejo que hacer campaña.