Trump evalúa destruir anticonceptivos valorados en 9 millones de dólares

BRUSELAS — La administración del presidente Donald Trump analiza el destino de millones en insumos médicos almacenados en Europa, mientras organizaciones y legisladores presionan para evitar su eliminación. Este episodio refleja una batalla recurrente en mi experiencia cubriendo políticas globales de salud: la intersección entre ideología y acceso a recursos vitales.

La posible incineración de estos suministros —que incluyen DIU, implantes hormonales y píldoras— ha desatado indignación entre especialistas en salud reproductiva. Recuerdo un caso similar en 2017, cuando fondos para clínicas en África fueron congelados abruptamente, dejando a miles de mujeres sin atención. Los medicamentos almacenados en Geel, Bélgica, podrían prevenir embarazos no planificados en zonas de conflicto, donde las complicaciones obstétricas son una de las principales causas de muerte.

Desde el Departamento de Estado, el portavoz Tommy Pigott evitó comprometerse: “Evaluamos las opciones”. Este lenguaje ambiguo es característico de crisis diplomáticas que he documentado, donde la demora suele ser táctica. Mientras, Bélgica explora vías legales para rescatar los insumos, aunque, como me confirmó una fuente diplomática, cualquier acción requiere aprobación estadounidense.

Lo más preocupante, desde mi perspectiva, es el desperdicio de recursos. Estos 9 millones de dólares en anticonceptivos —financiados por contribuyentes norteamericanos— tienen vida útil hasta 2031. Organizaciones como MSI Reproductive Choices ofrecieron redistribuirlos sin costo, pero según sus reportes, recibieron negativas sistemáticas. En contraste, durante el brote de ébola en 2014, vi cómo agilizar la logística de medicamentos salvó vidas.

La carta bipartidista de las senadoras Shaheen y Murkowski subraya un punto clave: destruir estos recursos contradice los objetivos declarados de EE.UU. en salud global. Como escribí en un análisis previo, recortar programas de planificación familiar incrementa abortos inseguros —no los reduce—, según datos de la OMS.

La presión internacional crece. Médicos Sin Fronteras calificó la medida como “un ataque a mujeres vulnerables”, mientras Charles Dallara, heredero del legado contraceptivo francés, apeló al presidente Macron para evitar que Francia participe en la incineración. Este conflicto trasciende fronteras: es un test de compromiso con los derechos humanos básicos.