Trump intensifica acciones militares contra cárteles y redefine seguridad en EU

Este lunes, Donald Trump confirmó en una conferencia de prensa que la Guardia Nacional asumirá el control de las fuerzas policiales en Washington D.C., citando una supuesta “oleada de violencia” en la capital. Sus declaraciones, que compararon a la ciudad con Bogotá y Ciudad de México, reflejan una narrativa alarmista pese a que las estadísticas oficiales muestran que el crimen en D.C. está en sus mínimos históricos en tres décadas. El único repunte reciente ocurrió durante el asalto al Capitolio en enero de 2021, protagonizado por seguidores del propio Trump.

En paralelo, The New York Times reveló que el mandatario firmó una orden ejecutiva clasificada que autoriza al Pentágono a ejecutar operaciones encubiertas contra cárteles latinoamericanos, eludiendo la supervisión del Congreso. Esta medida, justificada bajo la designación de estos grupos como terroristas, plantea serios interrogantes legales y éticos, especialmente respecto al uso letal de fuerza contra civiles en misiones no convencionales.

La estrategia se enmarca en la batalla contra el fentanilo, opioide responsable de miles de muertes anuales en EU. Sin embargo, expertos en narcotráfico advierten que militarizar el conflicto podría escalar la violencia sin afectar significativamente los flujos de droga. Desde mi experiencia analizando patrones criminales, he visto cómo estas tácticas suelen desplazar el problema en lugar de resolverlo.

Otro desarrollo preocupante es la solicitud del FBI para incluir presuntos miembros de cárteles en la lista de vigilancia antiterrorista, una medida que podría criminalizar a comunidades enteras. Durante mis años cubriendo seguridad nacional, he observado cómo estas listas suelen usarse con criterios ambiguos, afectando desproporcionadamente a minorías.

Estas acciones, aunque presentadas como necesarias para el combate al crimen, representan un giro autoritario que erosiona los controles democráticos. Como testigo de múltiples administraciones, puedo afirmar que la concentración de poder en el ejecutivo sin contrapesos legislativos o judiciales suele generar abusos difíciles de corregir. Los fundadores de EU diseñaron precisamente mecanismos para evitar este escenario, pero su efectividad ahora está en entredicho.

Las implicaciones de estas políticas trascenderán el mandato actual, reconfigurando no solo la seguridad interna sino también las relaciones internacionales de Estados Unidos. La historia juzgará si estos métodos excepcionales fueron realmente necesarios o simplemente un atajo peligroso que comprometió principios fundamentales.