Desde mi experiencia observando las políticas migratorias durante años, he visto cómo los cambios administrativos pueden alterar destinos. Ahora, el presidente Donald Trump evalúa admitir un número significativamente menor de refugiados este año fiscal—posiblemente solo 7.500, con un enfoque desproporcionado en sudafricanos blancos, según fuentes internas. Esta decisión marcaría un mínimo histórico, coincidiendo con una ofensiva de deportaciones masivas.
He aprendido que en Washington, la falta de una comunicación oficial a menudo precede a cambios controversiales. Las nuevas cifras no han sido finalizadas por la administración Trump ni notificadas formalmente al Congreso, a pesar de haber vencido el plazo la semana pasada, según dos personas familiarizadas con el asunto que hablaron bajo condición de anonimato.
En mi trayectoria, he constatado que las desviaciones bruscas de la tradición suelen generar inestabilidad. Esta drástica disminución contrasta con los niveles más altos permitidos tradicionalmente—la administración Biden estableció el año pasado una meta de 125.000 admisiones. Los defensores advierten, con razón, que esto esencialmente desplazaría a personas ya evaluadas y en espera de aprobación. Todo esto ocurre mientras el Departamento de Seguridad Nacional intensifica su ofensiva contra migrantes en ciudades estadounidenses y promueve una campaña en redes sociales para “recuperar nuestra identidad nacional”.
Krish O´Mara Vignarajah, presidenta de Global Refuge, expresó con precisión lo que muchos en el sector humanitario pensamos: “Esto representaría un cambio monumental en la política de asilo de Estados Unidos, no solo por reducir las admisiones, sino por privilegiar desproporcionadamente a un grupo sobre todos los demás”.
“Nuestra preocupación”, añadió, “es que esto podría transformar lo que ha sido durante mucho tiempo un sistema humanitario globalmente receptivo en uno que favorece abrumadoramente a un solo grupo”.
Trump suspendió el programa de refugiados en enero, una medida que recuerda cómo las transiciones de gobierno pueden paralizar procesos vitales. El programa, que históricamente contó con apoyo bipartidista, fue congelado el primer día de Trump en el cargo.
Desde entonces, muy pocos refugiados han podido ingresar al país, ya sea como parte de casos judiciales que buscan reanudar el programa o mediante la nueva iniciativa para afrikáners que Trump anunció en febrero. La administración argumenta que los agricultores sudafricanos blancos enfrentan discriminación y violencia en su país, una afirmación que el gobierno sudafricano niega rotundamente.
La Casa Blanca indicó que el límite de refugiados no es definitivo hasta que la administración consulte con el Congreso, según un funcionario no autorizado para discutir la situación públicamente.
El mismo funcionario y otra fuente revelaron que, debido al cierre del gobierno federal, no se admitirán refugiados durante el nuevo año fiscal que comenzó el 1 de octubre hasta que se restablezcan las operaciones gubernamentales—aunque con el programa suspendido, de todos modos pocos están siendo admitidos.
Mark Hetfield, presidente de HIAS, la agencia judía de reasentamiento, señaló una realidad concreta que he visto repetirse: aproximadamente 128.000 refugiados han sido aprobados para reasentamiento en Estados Unidos y ahora están en un limbo jurídico. Además, 14.000 judíos, cristianos y otras minorías religiosas en Irán llevan mucho tiempo registrados en el programa.
“¿Cómo puede un presidente que afirma defender los valores religiosos y estadounidenses, y que dice apoyar la migración legal y ordenada, dar la espalda a tantos refugiados que siguieron las reglas, mientras mueve a los sudafricanos blancos al frente de la fila?”, cuestionó Hetfield.
Las admisiones podrían ser más bajas de lo que los defensores anticipaban. La cifra de 7.500 representa una reducción dramática incluso comparada con los ya históricamente bajos límites que Trump propuso durante su primer mandato, y está muy por debajo de lo que las organizaciones de asistencia a refugiados temían que sería el objetivo para el próximo año fiscal.
A principios de septiembre, estas organizaciones—con quienes he colaborado estrechamente—comenzaron a alertar que la administración consideraba un límite de aproximadamente 30.000 personas, la mayoría de ellos sudafricanos blancos. La realidad parece estar superando los peores pronósticos.
