El gobierno federal de Estados Unidos ha iniciado un proceso que podría transformar décadas de política de drogas. Mediante una orden ejecutiva firmada este jueves, el presidente Donald Trump ha instruido a las agencias competentes para que procedan a reclasificar la marihuana dentro del marco legal federal. Esta acción no constituye una legalización, pero sí representa el paso más significativo hacia la moderación de la postura federal desde la inclusión del cannabis en la lista de sustancias más restrictivas.
La medida ordena trasladar la marihuana de la Lista I a la Lista III de la Ley de Sustancias Controladas. Este cambio es fundamental. Las sustancias de la Lista I, donde actualmente reside el cannabis junto a la heroína o el LSD, se definen como drogas con un alto potencial de abuso, sin uso médico aceptado y sin seguridad para su uso bajo supervisión médica. Su reclasificación a la Lista III la situaría junto a compuestos como la ketamina o ciertos esteroides anabólicos, reconocidos por tener un potencial de abuso menor que las sustancias de las Listas I y II, un uso médico aceptado actualmente en los Estados Unidos y un riesgo de dependencia física o psicológica moderado o bajo.
Es crucial entender lo que esta decisión implica y lo que no. La reclasificación no despenaliza ni legaliza el cannabis recreativo a nivel federal. Su venta y uso para fines no médicos seguirían siendo, técnicamente, infracciones de la ley federal. Sin embargo, las consecuencias prácticas son profundas. El impacto más inmediato y tangible sería en el ámbito fiscal. Las empresas estatales legales de cannabis operan bajo una pesada carga debido al artículo 280E del código tributario interno, que prohíbe deducir gastos comerciales normales de los ingresos derivados de la “venta de sustancias controladas”. Al salir de la Lista I, el cannabis escaparía de esta disposición, permitiendo a las empresas deducir nóminas, alquileres y marketing, lo que revitalizaría financieramente a toda una industria.
Además, el cambio desbloquearía barreras significativas para la investigación científica. La clasificación actual ha obstruido durante décadas los estudios rigurosos sobre los efectos terapéuticos del cannabis, al imponer estrictos requisitos de custodia y limitar el acceso a material de estudio de calidad. Una ubicación en la Lista III facilitaría enormemente la labor de universidades e instituciones médicas para investigar sus aplicaciones potenciales en el tratamiento del dolor crónico, la epilepsia, los efectos secundarios de la quimioterapia y otras afecciones.
Este movimiento federal llega después de años de una creciente desconexión entre la ley estatal y la federal. La mayoría de los estados han implementado sus propios maryes, ya sea legalizando el uso recreativo para adultos o estableciendo programas médicos robustos. Esta paradoja ha creado un panorama legal fragmentado donde una actividad es legal a nivel estatal pero puede ser perseguida a nivel federal, generando inseguridad jurídica para negocios, pacientes y consumidores. La orden ejecutiva busca, en parte, reducir esta brecha, acercando la postura federal a la realidad social y regulatoria que ya existe en gran parte del país.
El camino hacia la implementación final no es instantáneo. El proceso regulatorio estándar de la Administración para el Control de Drogas requiere una evaluación científica, una propuesta formal y un período de comentarios públicos, que en este caso promete ser extenso y recibir decenas de miles de aportaciones de todos los sectores. Si bien la orden de Trump tiene el objetivo de acelerar este procedimiento, el tiempo exacto que llevará sigue siendo una incógnita. La decisión también expone divisiones políticas, ya que, a diferencia de iniciativas anteriores de otros gobiernos, no cuenta con un apoyo unánime dentro del propio partido del presidente, donde algunos sectores abogan por mantener el estatus quo restrictivo.
En esencia, esta orden ejecutiva es más que un cambio administrativo. Es un reconocimiento formal, desde el más alto nivel del gobierno federal, de que la categorización del cannabis como una de las drogas más peligrosas es obsoleta y no se ajusta a la evidencia científica ni a la voluntad de una gran parte de la ciudadanía. Sienta las bases para un nuevo régimen regulatorio que, aunque mantiene restricciones, normaliza el cannabis como una sustancia con valor médico y reduce el peso de una guerra contra las drogas que durante mucho tiempo ha criminalizado a millones de personas. El impacto final se medirá en la revitalización económica de un sector, en el avance del conocimiento científico y en un enfoque de salud pública más pragmático y menos punitivo.
