Trump usa ley de 1798 contra pandilla en un caso sin precedentes

En un choque legal que mezcla geopolítica, derechos humanos y tecnología jurídica, abogados del gobierno y defensores de migrantes debatieron este lunes la aplicación de una arcaica ley bélica contra el Tren de Aragua, una organización criminal venezolana. El caso, potencialmente histórico, podría escalar a la Corte Suprema y redefinir los límites del poder ejecutivo en la era digital.

El panel del Quinto Circuito en Nueva Orleans escuchó argumentos sobre la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 —usada previamente solo en conflictos mundiales— ahora aplicada contra una red criminal transnacional. Lee Gelernt de la ACLU calificó el movimiento como “un salto peligroso en la interpretación legal”, mientras el Departamento de Justicia defendió la discreción presidencial en seguridad nacional.

Este enfrentamiento jurídico ocurre en un contexto donde herramientas como el análisis de datos masivos y la cooperación internacional contra el crimen organizado chocan con protecciones civiles. Drew Ensign, representante del gobierno, argumentó que en materia de amenazas externas “los algoritmos de riesgo actuales justifican medidas excepcionales”, en referencia a los sistemas de inteligencia que monitorean grupos como el Tren de Aragua.

La Corte Suprema ya intervino dos veces en este caso, estableciendo precedentes sobre plazos procesales y jurisdicciones, mientras organizaciones de derechos humanos denuncian el uso de centros de detención en terceros países —una práctica que activistas comparan con el outsourcing carcelario de la era globalizada.

Expertos legales señalan que este caso podría sentar las bases para el uso de legislación antigua en nuevos escenarios de crimen organizado 4.0, donde las fronteras entre guerra convencional y amenazas asimétricas se desdibujan en la economía digital.