Un juez federal de inmigración, que simultáneamente servía como abogado en la Reserva del Ejército, fue despedido apenas un mes después de asumir su cargo. La decisión se produjo después de que concediera protección a solicitantes de asilo en una proporción significativa de sus casos, una tendencia que contrasta con los objetivos declarados de la anterior Administración Trump para acelerar las deportaciones. La información, verificada por The Associated Press, revela una tensión fundamental en el sistema de justicia migratoria.
Christopher Day comenzó a tramitar casos a finales de octubre como juez temporal en el tribunal de Annandale, Virginia. Su despido se produjo alrededor del 2 de diciembre, según confirmó la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración. Ni el ahora exjuez, ni el Pentágono, han hecho declaraciones sobre el caso. Un portavoz del Departamento de Justicia, que gestiona estos tribunales, se negó a comentar asuntos de personal, por lo que los motivos oficiales de la destitución no se han hecho públicos.
Sin embargo, los datos oficiales del mes de noviembre ofrecen un contexto revelador. De los once casos que Day completó en ese periodo, en seis ocasiones concedió asilo u otra forma de alivio que permitía al inmigrante permanecer legalmente en Estados Unidos. Este patrón de decisiones, documentado por la organización sin fines de lucro Mobile Pathways, se alejaba de la norma que se estaba estableciendo. En el mismo mes, otros jueces militares asignados a estas cortes ordenaron la deportación o la salida voluntaria en aproximadamente el noventa por ciento de los casos que revisaron.
Este episodio no es un incidente aislado, sino que se enmarca en una reforma integral del sistema de tribunales de inmigración impulsada durante la presidencia de Trump. Con una acumulación de casi 3.8 millones de casos pendientes, la administración implementó cambios radicales. Una de las estrategias consistió en destituir a casi un centenar de jueces considerados demasiado “liberales” en sus fallos. Paralelamente, se relajaron los requisitos para ocupar estos puestos, permitiendo que cualquier abogado con licencia, independientemente de su experiencia en derecho migratorio, pudiera solicitar el cargo.
Como parte de este esfuerzo, el Departamento de Defensa autorizó en septiembre la designación de hasta 600 abogados militares para que sirvieran temporalmente como jueces de inmigración. Grupos de defensa de los migrantes han criticado esta medida, argumentando que busca transformar la función tradicional del juez, que debe ser un árbitro independiente, en la de un mero procesador de deportaciones alineado con los objetivos políticos de la Casa Blanca. La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración ha equiparado esta práctica con la de un cardiólogo intentando realizar una cirugía de cadera, subrayando la especialización técnica que requiere el complejo derecho de asilo.
La situación crea un dilema ético y legal particularmente agudo para los jueces que son, al mismo tiempo, oficiales militares. Como explicó Dana Leigh Marks, jueza de inmigración jubilada y expresidenta de la asociación gremial, es difícil imaginar un despido tan rápido sin que medien razones ideológicas. La vulnerabilidad de estos profesionales es mayor porque no disfrutan de las mismas protecciones laborales que los funcionarios civiles y podrían enfrentar consecuencias castrenses por incumplir con su deber, según la interpretación que sus superiores hagan de sus fallos judiciales.
El marco legal que rige a los abogados militares, el Código Uniforme de Justicia Militar, protege su independencia en los tribunales castrenses, prohibiendo la interferencia o represalia de los mandos. No obstante, no está claro si estas salvaguardas se aplican cuando actúan en el ámbito civil de los tribunales de inmigración. Brenner Fissell, profesor de derecho en la Universidad de Villanova, detalla que las represalias pueden no ser directas, sino tomar la forma de cartas de amonestación o evaluaciones negativas que, aunque luego se demuestre que son infundadas, perjudican irreversiblemente la carrera del oficial, sus oportunidades de ascenso y su permanencia en el servicio. Apelar estas decisiones es un proceso largo, costoso y en sí mismo punitivo.
La presión sobre estos jueces temporales fue evidente desde su formación. Según una persona que asistió al curso de capacitación de dos semanas en octubre y que habló bajo condición de anonimato, se les dejó claro que su posición era de empleados del Departamento de Justicia, sujetos a despido por el fiscal general sin las restricciones que protegen a los jueces federales vitalicios. El Pentágono, por su parte, ofreció incentivos para reclutar voluntarios, como la posibilidad de elegir su destino, según un correo interno del otoño obtenido por AP. Pero el mismo documento advertía que, de no haber suficientes voluntarios, los oficiales podrían ser asignados forzosamente a estas tareas por hasta seis meses, lejos de sus bases de origen.
La trayectoria de Christopher Day añade matices al caso. Graduado de la facultad de derecho de la Universidad Americana, ha ocupado diversos cargos en el Gobierno federal durante dos décadas, sirviendo simultáneamente como teniente coronel en la Reserva. Su último puesto civil fue como abogado en la Comisión Federal de Comunicaciones durante la Administración Biden. Su despido pone de manifiesto la profunda politización de un sistema judicial que, en teoría, debe basarse en la aplicación imparcial de la ley, y plantea interrogantes sobre la independencia de quienes deben juzgar el destino de personas que buscan protección en Estados Unidos.
