Una jueza suspende la ampliación del centro migratorio Alligator Alcatraz en Florida

Una jueza federal en Estados Unidos ordenó la suspensión inmediata de las obras de ampliación del centro de detención migratoria conocido como ‘Alligator Alcatraz’, ubicado en los Everglades de Florida. La medida, emitida por la jueza Kathleen Williams del Distrito Sur de Florida, detiene por 14 días actividades como pavimentación, excavaciones y la instalación de cercas, mientras se analiza una demanda presentada por grupos ambientalistas.

El centro, operativo desde el 3 de julio, tiene capacidad para albergar a dos mil personas, con planes de expansión hasta cuatro mil. Sin embargo, su construcción se realizó sin una evaluación de impacto ambiental, según denuncian organizaciones como Friends of The Everglades, la Tribu Miccosukee y el Center for Biological Diversity. Estas entidades argumentan que el proyecto amenaza a 36 especies protegidas, entre ellas la pantera floridana y el caimán americano.

La orden judicial no afecta las operaciones actuales del centro, pero sí congela cualquier ampliación física. Eve Samples, directora de Friends of The Everglades, celebró la decisión y destacó la necesidad de proteger el frágil ecosistema de los Everglades. “Este centro de detención masiva representa un riesgo grave para el medio ambiente, con camiones transportando combustible y desechos humanos, además de la pavimentación de grandes áreas naturales”, afirmó.

La situación se complicó tras el anuncio del gobernador Ron DeSantis sobre el inicio de vuelos de deportación desde un aeropuerto cercano al centro, que ya ha sido utilizado para expulsar a al menos 600 migrantes. Mientras tanto, la jueza Williams permitió avanzar con el proceso legal, programando audiencias para evaluar los argumentos de ambas partes.

En paralelo, otra demanda liderada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) cuestiona las condiciones de detención y presuntas violaciones a los derechos humanos en el centro. Este caso, bajo la supervisión del juez Rodolfo A. Ruiz II, sigue su curso independientemente del litigio ambiental.

El conflicto refleja la tensión entre las políticas migratorias y la conservación ambiental en una de las regiones más biodiversas de Estados Unidos. Mientras las autoridades defienden la necesidad del centro para gestionar la migración irregular, los activistas insisten en que su ubicación y expansión ponen en peligro un patrimonio ecológico único.