Vizcarra es trasladado a prisión común en un hecho histórico

Foto: Agencia AP.

El sistema penitenciario de Perú ejecutó una jugada sin precedentes: trasladar al expresidente Martín Vizcarra de un centro de detención especial para exmandatarios a una cárcel común, específicamente al penal Ancón II, un centro que alberga a reclusos de alta peligrosidad y extranjeros. Esta decisión, que rompe con todo protocolo anterior, no fue acompañada de una explicación oficial por parte del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), sembrando dudas sobre sus motivaciones reales.

Este acto marca un hito en la historia contemporánea de la nación, siendo la primera ocasión en que un exjefe de estado es degradado de su estatus carcelario privilegiado. Hasta ahora, Vizcarra compartía espacio con otras figuras presidenciales caídas en desgracia, como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo, en una instalación inaugurada en 2007 para albergar precisamente a Alberto Fujimori.

En una llamada telefónica a la radio RPP, el propio Vizcarra arrojó luz sobre lo que él percibe como el trasfondo del movimiento: una “decisión política” emanada desde los más altos niveles del poder. Señaló directamente a la cadena de mando que culmina en la presidenta Dina Boluarte, afirmando sentirse “vejado” y víctima de una “sucesión de abusos” que atentan contra sus derechos humanos fundamentales.

El juicio que enfrenta Vizcarra se centra en presuntos actos de cohecho durante su gestión como gobernador regional de Moquegua en 2014, donde se alega que recibió sobornos por 611,000 dólares de empresas constructoras a cambio de favores en licitaciones públicas. La fiscalía, en una petición contundente, ha exigido para él una sentencia de 15 años de cárcel.

La sombra de la corrupción se cierne largamente sobre la clase política peruana. Este caso, que inició su investigación en 2020, fue el catalizador que el Parlamento utilizó para destituir a Vizcarra bajo la figura de “incapacidad moral permanente”. A pesar de las acusaciones y de haber sido inhabilitado en tres ocasiones, su figura no ha hecho más que crecer, liderando las encuestas para los comicios presidenciales de 2026.

En un movimiento estratégico, Vizcarra ha acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitando una medida cautelar que levante sus inhabilitaciones y le permita postularse nuevamente a la presidencia. Su situación refleja una paradoja profundamente disruptiva: un líder encarcelado pero políticamente más vivo que nunca, desafiando desde una celda común las estructuras de poder que lo encarcelan. Este escenario no es solo un juicio a un hombre, sino un stress test para la frágil democracia peruana, donde la justicia y la venganza política parecen entrelazarse en un baile peligroso.