La Visa Revocada: Un Paradigma de la Nueva Geopolítica de la Transparencia
El exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, reveló una decisión que desafía las convenciones diplomáticas: el gobierno de Estados Unidos le canceló su visa el 31 de julio, un movimiento que trasciende lo administrativo para convertirse en un símbolo de las nuevas reglas no escritas en las relaciones bilaterales.
Durante una conversación con el periodista Ciro Gómez Leyva, el exmandatario confirmó que el Departamento de Estado norteamericano notificó la anulación del permiso de entrada, manteniendo un hermetismo absoluto sobre los motivos de esta resolución.
“Efectivamente, me fue revocada la visa hace dos meses y medio, con fecha 31 de julio. De acuerdo a un correo electrónico que llegó”, declaró.
El expresidente estatal manifestó que, a pesar de sus gestiones para esclarecer los fundamentos de la determinación del gobierno estadounidense, no ha obtenido una argumentación precisa por parte de las instancias oficiales.
“No he tenido información del porqué. He tratado de informarme las razones y no he tenido mayor información”, afirmó.
¿Filtración estratégica o guerra de cuarta generación?
Expresó su contrariedad porque los pormenores sobre la cancelación de su autorización de viaje se hayan divulgado públicamente, catalogando el episodio como “guerra sucia” en su contra, un fenómeno que replantea los límites entre la vida pública y la privada en la era de la hiperinformación.
“Yo no tengo nada que ocultar, he sido un servidor público y quiero hacerlo público como también rechazar informaciones dolosas, viles, miserables que se han hecho sobre mi persona. Se ha generado una guerra sucia, muy vil que quiero atajar”, expresó.
Relató que ya canjeó su documento como se le requirió e inició las diligencias para restablecerla, luego de 37 años de poseerla, período durante el cual la empleó para desarrollar labores profesionales, actividades académicas y periodos vacacionales.
Comunicó que la cita para la solicitud de su nueva autorización está programada para septiembre de 2026, un plazo que evidencia la complejidad burocrática de los procesos migratorios contemporáneos.
