“La justicia que busca votos deja de ser justicia; se vuelve campaña.”
Dicen que la justicia es ciega, pero últimamente parece miope… y con lentes del INE. México acaba de estrenar una versión tropicalizada de la democracia judicial: jueces, magistrados y ministros que ahora tienen que hacer campaña, repartir sonrisas, grabar spots y pedir votos como si fueran candidatos a la alcaldía. La toga, antes símbolo de neutralidad, se volvió pancarta electoral.
Todo empezó con la reforma al Poder Judicial aprobada en 2024, ese terremoto legal que cambió la estructura completa del sistema. Adiós al Consejo de la Judicatura, adiós al nombramiento presidencial, adiós a los ministros de 15 años de carrera en la Corte. Ahora el pueblo —ese ente abstracto al que todos invocan pero pocos escuchan— elige directamente a quienes dictan sentencias. En papel suena hermoso: “más democracia”, “menos corrupción”, “más transparencia”. Pero en la práctica huele a riesgo: jueces con promesas de campaña, magistrados con propaganda y ministros con discursos populistas.
El 1 de junio de 2025 se estrenó la primera elección judicial. Fue histórica… por el abstencionismo. Apenas el 13% de los votantes acudió a las urnas, y los que fueron lo hicieron más por curiosidad que por convicción. Los nuevos magistrados entraron entre aplausos del oficialismo y cejas levantadas del resto del país. Dicen que el pueblo decidió, pero si casi nadie votó, ¿a qué pueblo se refieren?
Desde entonces, los tribunales federales parecen cajas de pandora: se abren y brotan incertidumbres. Los jueces cesados reclaman indemnizaciones que nadie sabe cuándo pagarán. Los nuevos funcionarios, con toga recién planchada, enfrentan críticas de falta de experiencia. Y en los pasillos judiciales se murmura lo impensable: que algunos cargos se negociaron como posiciones de partido, con padrinos políticos detrás de cada toga.
En los estados la historia se repite con diferentes acentos. En Puebla, en Veracruz, en Sonora, surgen nuevos presidentes de tribunales con discursos de “renovación” y acusaciones de lealtades partidistas. Algunos llegan a sus cargos más por respaldo político que por trayectoria jurídica. Y mientras tanto, la justicia cotidiana —esa que debería resolver un amparo, un divorcio, una custodia— se diluye entre papeleo, campañas y pleitos internos.
Los defensores de la reforma argumentan que por fin el pueblo tiene voz en la justicia. Que los jueces ya no serán designados en lo oscurito, sino por voto abierto. Que habrá transparencia y rendición de cuentas. Pero los críticos responden que elegir jueces es como votar por el árbitro antes del partido: pierde autoridad desde el silbatazo inicial. Un juez que necesita votos es un juez que piensa en su popularidad, no en la ley.
El riesgo es enorme: la justicia mexicana puede pasar de estar capturada por élites a ser rehén del populismo. Hoy un magistrado podría dudar antes de dictar una sentencia impopular, temer perder simpatías, o peor aún, actuar para quedar bien con quien domina la narrativa nacional. Lo que antes se decidía en la sala de deliberación, ahora podría resolverse en la encuesta de opinión.
Y mientras el país celebra su “revolución judicial”, los verdaderos problemas persisten: tribunales colapsados, jueces saturados, litigantes sin respuesta, corrupción institucionalizada. Cambiamos el nombre del edificio, pero no la humedad de las paredes.
La pregunta incómoda es esta: ¿queremos jueces que apliquen la ley o candidatos que nos caigan bien? La justicia no debería necesitar propaganda. Porque cuando la toga se convierte en urna, el derecho se vuelve espectáculo. Y los que aplauden hoy la “democratización de la justicia”, quizá mañana pidan que se vote también por el médico que los opere o por el piloto que vuele su avión.
El poder judicial está mutando frente a nuestros ojos, y nadie sabe en qué se convertirá. Pero algo es seguro: cuando la imparcialidad se vuelve electiva, la justicia deja de ser ciega… para empezar a guiñarle el ojo al poder.
Columan elaborado por
La sombra desde la banqueta
