Denuncian presiones a empleados para influir en elecciones judiciales

Monterrey, NL. — ¿Qué ocurre cuando la democracia se convierte en un teatro de coerción? Al menos diez empleados públicos han alzado la voz ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de Nuevo León, revelando un esquema de intimidación orquestado desde el gobierno estatal para manipular las votaciones judiciales del 1 de junio.

Gustavo Javier Solís, fiscal electoral, confirmó a EL NORTE que las acusaciones —en su mayoría anónimas— detallan un modus operandi sistémico: exigencias de credenciales del INE, amenazas de despido y hasta simulacros donde se fotografía el voto. “Es un ataque frontal a la autonomía del sufragio”, advirtió.

Pero aquí surge la pregunta disruptiva: ¿y si estas denuncias son solo la punta del iceberg? Mientras la FEDE evalúa si trasladar el caso a la Fiscalía Federal (Fisel), el escándalo expone una falla estructural: la elección de jueces —figuras clave para el equilibrio de poderes— está siendo secuestrada por intereses políticos.

Innovar en democracia exige romper paradigmas. Imaginen un sistema donde los empleados públicos pudieran denunciar anónimamente mediante blockchain, o donde los órganos electorales tuvieran inteligencia artificial para detectar patrones de coerción en tiempo real. La tecnología existe; lo que falta es voluntad para usarla.

Mientras tanto, los trabajadores estatales enfrentan un dilema ético: obedecer órdenes ilegítimas o arriesgar su sustento. Este caso no es solo sobre elecciones: es un termómetro de hasta qué punto el poder corrompe los cimientos republicanos. La solución no está en más fiscalías, sino en rediseñar instituciones a prueba de manipulación.