Matamoros, Tam.— Maestros de Educación Física mantienen desde hace más de 24 horas la toma de la Supervisión No. 28, ubicada sobre la avenida Lauro Villar, encima de la alberca Eduardo Chávez, en protesta por presuntas prácticas de violencia laboral, discriminación y abuso de autoridad atribuidas al supervisor del área, Juan Héctor Delgado Arias.
La manifestación surgió luego de que diversos docentes formalizaron sus denuncias internas, señalando un ambiente laboral hostil y acciones que, aseguran, han afectado su integridad, desempeño y estabilidad profesional. Entre las acusaciones destacan intimidación, retiro injustificado de funciones, obstrucción del trabajo docente y falta de respeto hacia maestros y maestras bajo su conducción.
Ana María Hernández López, representante sindical, encabezó las denuncias al afirmar que ha sido víctima de violencia y discriminación laboral. Señaló que su labor como conductora no ha sido respetada, pues no se entregó su informe a la instancia correspondiente, no se firmaron sus visitas y ha enfrentado constantes obstáculos para desempeñar sus funciones. Aseguró contar con documentación que respalda cada incidente.
Además, señaló que el supervisor ha ejercido intimidación tanto contra ella como contra otros compañeros docentes. Entre los casos expuestos se encuentra el del maestro Emanuel, a quien presuntamente se le intentó remover de su centro de trabajo sin justificación, y el de la maestra Karina González, quien denunció ser expulsada de la oficina del supervisor y privada de material de trabajo previamente asignado.
Los docentes informaron que ya existe conocimiento de estas situaciones por parte de autoridades educativas locales, incluyendo personal del CREDE, pero acusan falta de seguimiento y acciones concretas. Ante ello, sostienen que la toma de las instalaciones continuará hasta obtener una respuesta formal y efectiva.
Los maestros exigen la separación del cargo del supervisor mientras se realiza una investigación completa y transparente sobre las denuncias. También piden garantías de respeto a sus derechos laborales y un ambiente de trabajo libre de violencia y discriminación.
Hasta el momento, ninguna autoridad estatal ha emitido posicionamiento público sobre la protesta.
