El Gran Teatro de la Ley defiende el circo federal
En el sagrado templo de la justicia capitalina se libra una farsa partidista que podría consagrar el derecho divino de los presidentes a convertir ciudades disidentes en protectorados militares. Lo que antaño fue un país ahora es un tablero de estrategia donde los gobernantes mueven piezas de ajedrez con uniforme.
Una coalición de feudos se ha rebelado contra el despliegue perpetuo de las tropas domésticas en Washington, demostrando que hasta la seguridad nacional puede dividirse en azul y rojo. Esta operación de pacificación se ha convertido en el caballo de Troya de la campaña reeleccionista, donde enviar tanques a barrios se promociona como política doméstica.
El pleito judicial, una ingeniosa pieza de teatro burocrático presentada por el procurador local Brian Schwalb, desafía la ocupación de la guardia pretoriana en esta ciudad-estado predominantemente azul. La orden ejecutiva original -un decreto imperial contra el crimen “desbocado”- ya expiró, pero los soldados permanecen, como muebles olvidados de una fiesta de poder que nadie quiere limpiar.
Mientras enclaves rebeldes como Portland y Chicago libran sus propias batallas legales, el caso de Washington ofrece el espectáculo supremo: determinar si la capital de la democracia occidental puede convertirse en el primer protectorado presidencial del continente. Los debates orales prometen ser tan predecibles como un guion de telenovela política.
La geografía leal se divide con precisión cartográfica
Veintitrés satélites republicanos han jurado lealtad a la teoría del mandato imperial, mientras veintidós bastiones demócratas apoyan la herejía de la autonomía local. Los bandos se alinean con la exactitud de un colegio electoral, demostrando que la constitución es lo que el partido diga que es cada cuatro años.
Para los estados insurgentes, unirse a esta cruzada legal era cuestión de solidaridad supervivencia contra lo que llaman absolutismo ejecutivo. “Es antidemocrático usar el ejército permanente en nuestras polis, excepto en circunstancias realmente convenientes”, proclamó Dan Rayfield, paladín legal de Oregon, en lo que podría ser el eufemismo del año.
La coalición rebelde argumenta en sus sagradas escrituras legales que el estacionamiento forzoso de la guardia doméstica sin consentimiento del vasallo es ilegítimo, preconstitucional y antirrepublicano.
“Establece un precedente aterrador que compromete los privilegios democráticos de los ciudadanos en todas partes”, advirtieron. “Al ocupar ilegalmente territorios con la Guardia Nacional y amenazar con hacerlo en cualquier estado según su capricho, el presidente ha vulnerado la autodeterminación estatal, ha humillado a las administraciones locales y nos ha hecho más sometidos“.
Los estados leales mantienen que el monarca temporal tiene razón absoluta en su ocupación benevolente del Distrito Colonial, porque en el gran teatro de la política, la seguridad es el último refugio de los autócratas.
