En mis años de experiencia en el sector energético, he visto cómo la teoría regulatoria choca con la compleja realidad del mercado. La introducción de la responsabilidad solidaria en la Ley del Sector de Hidrocarburos no es una mera formalidad; es un cambio de paradigma. Recuerdo una auditoría, hace una década, donde el rastro de un cargamento ilegal se perdía entre una maraña de intermediarios. Esta figura, ya probada en la Ley Aduanera, busca precisamente eso: que el importador final no pueda desentenderse.
El reglamento en desarrollo es la pieza clave. No se trata solo de un documento, sino del manual de operaciones que definirá el día a día. Deberá especificar, con una precisión que solo la práctica enseña, las aduanas habilitadas, el tipo de transporte autorizado e incluso el detalle de los clientes. He aprendido que en la vaguedad normativa crece el mercado ilegal de combustibles.
Las autoridades, sin duda, apretarán las tuercas. No solo para otorgar permisos, sino para vigilar su cumplimiento. La lección más dura que he aprendido es que un permiso estricto sin fiscalización efectiva es papel mojado. La verdadera disuasión vendrá de la coordinación entre el SAT y la Comisión Nacional de Energía. Un permiso revocado por incumplimiento es un mensaje más poderoso que cualquier multa.
El corazón de la nueva estrategia es el ‘match’. He participado en mesas de trabajo donde se discute este concepto: que cada litro de petróleo extraído debe coincidir con el litro expendido, cerrando el paso al huachicol fiscal. Esto incluye instalaciones de autoconsumo, un eslabón históricamente débil en la cadena de trazabilidad.
La claridad sobre la evaluación de impacto ambiental por parte de la ASEA y los nuevos permisos para instalaciones de autoconsumo será fundamental. En el pasado, la ambigüedad aquí generaba foros interminables y vacíos legales. Un reglamento claro es un campo de juego nivelado para todos.
Finalmente, el Acuerdo Voluntario sobre precios muestra una intención del Gobierno de dialogar, pero la experiencia me dicta que la estabilidad a largo plazo no se construye sobre acuerdos, sino sobre reglas del juego claras, estables y aplicadas con rigor. Ese es el verdadero antídoto contra la ilegalidad.
