Exjuez sancionado aspira a magistratura pese a su historial

Ciudad de México.- ¿Puede un exjuez federal, removido por negligencia y trato preferencial, resurgir como candidato a magistrado? El caso de Álvaro Carrillo Cortés desafía los límites de la ética judicial. Postulado por el Poder Ejecutivo, su nombre figura entre los aspirantes al Vigésimo Octavo Circuito en Tlaxcala, a pesar de que en 2014 la Suprema Corte avaló su no ratificación como juez.

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La historia de Carrillo es un laberinto de irregularidades: en 2007 fue suspendido por descuido en 66 amparos, donde ilegalmente desechó demandas o impuso trabas injustificadas. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) determinó que su actuación ponía en riesgo la garantía de derechos fundamentales. Además, favoreció a una empleada con permisos irregulares y vacaciones indebidas.

Lo más revelador: sus sentencias fueron recurrentemente modificadas o revocadas por tribunales superiores, un patrón que empeoró en sus destinos en Monterrey, Oaxaca y Tapachula. ¿Por qué, entonces, el Comité de Evaluación del Ejecutivo lo considera idóneo para un cargo superior? La reforma impulsada por Morena permite que exjueces no ratificados —equiparables a destituidos— compitan en elecciones judiciales.

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En su currículum enviado al INE, Carrillo omite su salida de la judicatura. Hoy, como abogado independiente tras pasar por el IEEM, su candidatura expone las grietas del sistema: comités evaluadores con discrecionalidad absoluta eliminaron miles de aspirantes en días, pero él superó el filtro. ¿Es este el perfil que merece la magistratura? Un debate urgente sobre transparencia y meritocracia en la justicia mexicana.

La pregunta que resuena: ¿estamos premiando la impunidad o reinventando la justicia? El caso Carrillo no es solo una contradicción, es un espejo de cómo el sistema judicial puede perpetuarse a sí mismo, incluso contra sus propias reglas.

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