La Secretaría de Bienestar, a través de su directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores, ha presentado oficialmente el programa “Frijoles del Bienestar”. Este producto, que ya se encuentra disponible para la venta al público, representa una iniciativa de doble propósito: fortalecer la economía de los pequeños y medianos productores nacionales y garantizar el acceso de las familias mexicanas a un alimento básico de la canasta familiar a un precio notablemente estable y accesible.
La bolsa de un kilo se comercializa a un precio de 30 pesos en la red de Tiendas del Bienestar distribuidas en el territorio nacional. El mecanismo operativo de este programa se fundamenta en un modelo de compra directa al productor. Este es un aspecto crucial, ya que elimina a los intermediarios tradicionales que suelen comprimir los márgenes de ganancia para el agricultor.
Al establecer un precio justo de compra para la materia prima, la administración actual busca inyectar certidumbre económica a los campesinos, permitiéndoles planificar sus ciclos de cultivo con mayor seguridad y viabilidad financiera. Este grano, una vez adquirido, es sometido a los procesos necesarios de limpieza, selección y empaque, para luego ser canalizado hacia los puntos de venta oficiales.
El impacto de esta política pública se analiza en dos dimensiones principales. Para el sector rural, significa un reconocimiento tangible al trabajo del campo y una herramienta contra la volatilidad de los precios en el mercado, que históricamente ha perjudicado a los productores. Se establece un canal de comercialización confiable que valora la calidad del grano nacional. Para el consumidor final, particularmente para los sectores de la población con mayor vulnerabilidad económica, se traduce en la disponibilidad de un producto esencial con un precio fijo y asequible, lo que contribuye a la seguridad alimentaria y alivia la presión sobre el presupuesto familiar en un contexto de inflación. La iniciativa “Frijoles del Bienestar” se enmarca dentro de una estrategia gubernamental más amplia que busca reconfigurar las cadenas de suministro de alimentos básicos.
No se trata simplemente de vender un producto a bajo costo, sino de construir un circuito económico alternativo que priorice la justicia social y la soberanía alimentaria. Al acortar la cadena de valor y conectar directamente al productor con el consumidor a través de una infraestructura estatal, se pretende generar un ecosistema económico más resiliente y menos susceptible a las especulaciones del mercado.
La sostenibilidad a largo plazo de este programa dependerá de varios factores logísticos y económicos. Entre ellos, la capacidad de mantener un suministro constante y de calidad que satisfaga la demanda nacional, la eficiencia en la distribución para evitar desabastos en las tiendas y la salud financiera del propio programa para honrar los compromisos de compra a los agricultores.
Su éxito podría sentar un precedente para la comercialización de otros productos de la canasta básica, como el maíz o el arroz, replicando un modelo que busca equilibrar el apoyo al campo con el derecho a una alimentación nutritiva y a un precio justo para toda la población.
