La danza de los millones en Veracruz bajo la lupa de la ASF

En el glorioso reino de Veracruz, donde los funcionarios parecen tener manos más rápidas que el pensamiento, la actual mandataria Rocío Nahle ha decidido jugar al juego favorito de la política mexicana: el “yo no fui, fue el anterior”. Con la elegancia de un elefante en una cristalería, denuncia a la administración pasada por un agujero patrimonial de solo 200 millones de pesos (más otros 1,700 millones encontrados por la Auditoría Superior de la Federación, pero esos son detalles).

La ASF, ese ente que parece el fantasma de las navidades pasadas para los gobiernos, descubrió que en Veracruz la salud pública se manejaba como una tiendita de abarrotes: sin estudios de mercado, con contrataciones directas más misteriosas que un episodio de Black Mirror, y equipo médico subrogado que costó lo mismo que un pequeño país. Nahle, con la solemnidad de quien descubre agua mojada, anunció que el contralor “ya hizo la denuncia pertinente”. ¡Bravo! Por fin alguien hace algo… después de que el dinero voló como paloma sin dueño.

Entre los protagonistas de este festival de desvíos destacan exfuncionarios como Roberto Ramos Alor, quien pasó de secretario de Salud a coordinador del IMSS-Bienestar (porque qué mejor premio al despilfarro que un puesto nuevo), y Jorge Eduardo Sisniega Fernández, el director administrativo que probablemente pensó que “transparencia” era solo un término de física. Mientras, Veracruz compite con otros estados en el ranking de la opacidad, donde Baja California Sur lidera con 3,203 millones de pesos “observados” (eufemismo bonito para “desaparecidos”).

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Lo único claro en este circo es que, mientras la ASF emite recomendaciones como quien tira un papel al vacío, los veracruzanos siguen esperando que su sistema de salud funcione… aunque sea con equipo subrogado y facturas infladas. ¿La verdadera enfermedad? La metástasis de la corrupción, que ni la mejor auditoría logra extirpar.