La Operación Frontera Norte, una estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal, ha arrojado resultados cuantificables tras diez meses de despliegue. Según el informe oficial presentado por el gabinete de Seguridad, desde su inicio el pasado 5 de febrero, esta iniciativa ha permitido la detención de 10 mil 379 personas.
Esta cifra, más allá de ser un número, representa un esfuerzo sostenido y de gran escala para contener actividades ilícitas en una región geopolíticamente crítica. Paralelamente, la operación ha logrado el aseguramiento de un arsenal considerable: 7 mil 575 armas de fuego, 34 mil 265 cargadores y más de un millón 278 mil cartuchos de diversos calibres. La magnitud de este material bélico interceptado subraya el nivel de violencia y capacidad de fuego que se intenta combatir en la zona.
En el ámbito del narcotráfico, los decomisos reflejan el impacto directo de la operación sobre las finanzas y la logística de las organizaciones criminales. Se han asegurado 116 mil 856.4 kilogramos de drogas de distinta naturaleza. Dentro de este volumen, destaca la incautación de 601.8 kilogramos de fentanilo, un opioide sintético cuya potencia y letalidad lo han convertido en una prioridad para las autoridades sanitarias y de seguridad a nivel continental. La interceptación de esta cantidad sustancial no solo afecta la cadena de suministro, sino que potencialmente salva miles de vidas al evitar que llegue a las calles. Además, se han incautado 6 mil 87 vehículos y 1 mil 218 inmuebles, golpeando así la infraestructura operativa y los activos económicos de estos grupos.
Las acciones recientes, según detallaron las autoridades, se ejecutaron el lunes 29 de diciembre bajo un estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, un principio que el gobierno enfatiza en medio de operaciones de alta intensidad. Los operativos concretos ilustran la naturaleza diversa del trabajo en campo. En Culiacán, Sinaloa, el foco estuvo en elementos de comunicación y armas blancas, con el aseguramiento de cinco teléfonos celulares, una memoria USB y catorce objetos punzocortantes o contundentes, herramientas comúnmente asociadas a la logística y la seguridad de células criminales.
En contraste, en Caborca, Sonora, la intervención tuvo un carácter más vinculado al narcotráfico a gran escala. Allí se logró la detención de una persona y el aseguramiento de 86 paquetes de cocaína, con un peso total de 172 kilogramos, junto con un tractocamión y dos semirremolques, modalidad de transporte típica para el traslado de cargamentos masivos. Por su parte, en Cajeme, Sonora, se registraron dos intervenciones separadas. En la primera, el arresto de tres personas estuvo acompañado del aseguramiento de un arma corta, un cargador y seis cartuchos.
En la segunda, se detuvo a un individuo y se aseguraron dosis de metanfetamina junto con un inmueble, mostrando cómo las operaciones abordan desde el microtráfico hasta el patrimonio utilizado para fines ilícitos. El balance acumulado de la Operación Frontera Norte pinta un cuadro de una campaña multifacética que busca, de manera simultánea, desarticular redes, incautar recursos y reducir la capacidad operativa de los grupos delictivos. Los números, aunque significativos, son solo un indicador parcial de un desafío complejo que involucra dinámicas sociales, económicas y de corrupción.
La persistencia de estos operativos a lo largo de diez meses señala un compromiso táctico de mantener una presión constante en la región, aunque también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad a largo plazo y las estrategias complementarias necesarias para abordar las causas profundas de la violencia y el tráfico de drogas. El impacto real se medirá no solo en decomisos y detenciones, sino en la percepción de seguridad y la recuperación del espacio público para las comunidades afectadas.
