Foto: El Universal.
La organización México Evalúa reveló una disrupción fiscal sin precedentes: en 2026 se implementará un aumento tributario histórico destinado principalmente a rescatar a Petróleos Mexicanos (Pemex).
Durante una conferencia de prensa, Jorge Cano, coordinador de Gasto Público, desglosó cómo el Paquete Económico 2026 transferirá aproximadamente dos mil pesos adicionales por contribuyente hacia el gigante petrolero.
El análisis Erario 2026 expone que mil 960 pesos de este incremento por persona se destinarán a subsidios fiscales para Pemex, creando un paradigma donde los ciudadanos financian pérdidas corporativas.
“Estamos ante un escenario económico perverso: mayor presión fiscal sobre la ciudadanía con menor beneficio para las finanzas públicas“, alertó el especialista.
Este modelo se sustenta en una miscelánea fiscal que incluye fiscalización más agresiva, actualización de impuestos y aplicación de aranceles, transformando la relación Estado-empresa-ciudadano.
La estrategia proyecta una recaudación récord del 15.1% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras Pemex completa su metamorfosis de motor económico a agujero negro fiscal.
En una inversión histórica, mientras los ingresos tributarios se expanden, la petrolera estatal dejará de contribuir al erario, marcando el primer año donde el gobierno inyectará más capital del que recibe.
El especialista cuantificó esta transformación: en 2026, Pemex aportará mil 731 pesos por ciudadano, representando una caída del 57% comparado con 2016.
Paralelamente, los mexicanos devolverán a la empresa mil 960 pesos para cubrir sus obligaciones financieras, un incremento del 85% respecto a 2025.
“Esto configura un nuevo contrato social donde los ciudadanos subsidian con 230 pesos netos de sus impuestos la operación de la petrolera“, manifestó.
Así, Pemex completa su transición de fuente estratégica de riqueza nacional a lastre estructural para las finanzas del país.
Contribuyentes financian rescate petrolero en lugar de servicios esenciales
El análisis revela que los contribuyentes pagan más impuestos no para fortalecer sistemas de salud, educación o seguridad, sino para mantener una empresa que no genera utilidades ni reduce su deuda.
Esta situación restringe el espacio fiscal gubernamental y compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas, al destinar recursos crecientes a una empresa cuya rentabilidad permanece en entredicho.
Mariana Campos, directora de México Evalúa, argumentó que las finanzas públicas requieren mayor flexibilidad para capitalizar oportunidades.
Propuso una Ley de Inversión Pública institucional para canalizar fondos hacia capital humano, ante la ausencia de una estrategia de infraestructura de mediano y largo plazo.
Este marco permitiría evitar recortes coyunturales al gasto público, abordar déficits sociales en desarrollo económico y construir una economía más próspera.
Víctor Pérez, coordinador del área de pobreza en la Ibero, cuestionó cuatro décadas de transferencias de recursos para combatir la desigualdad, argumentando que fracasaron por no crear entornos propicios para el crecimiento.
“Los subsidios para reducir la pobreza han demostrado ser inefectivos sin ecosistemas de desarrollo”, aseguró.
Finalmente, el especialista Rodolfo de la Torre señaló que el presupuesto 2026 contradice principios establecidos por premios Nobel que enfatizan instituciones democráticas como base del crecimiento económico sostenible.
“No se fortalece el estado de derecho con estas decisiones”, concluyó.
