La diputada Ruth Salinas Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (GPMC), presentó una iniciativa ante el Pleno del Congreso del Estado de México que busca imponer sanciones de hasta siete años y seis meses de prisión para quienes cometan amenazas contra periodistas y defensores de derechos humanos. La propuesta, que reforma la Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras del Estado de México y el Código Penal estatal, representa un esfuerzo legislativo contundente para enfrentar la violencia que afecta a estos grupos.
El núcleo de la iniciativa establece un escalonamiento de penas según la gravedad de la amenaza. Se propone una sanción de hasta tres años de prisión para quien amenace con causar daño a la integridad física, la familia, los bienes, la honra, la libertad o los derechos de un periodista o defensor. Si la amenaza consiste en provocar un mal que, aunque no constituya delito, genere un temor fundado o afecte gravemente la tranquilidad de la persona, la pena sería de hasta dos años. Cuando la amenaza se refiera a la comisión de un delito grave, la prisión podría alcanzar los cinco años.
Estas penas base se incrementarían hasta en una mitad, pudiendo llegar así a los siete años y medio de reclusión, cuando concurran agravantes específicas. Entre estas se incluyen que la amenaza se realice de forma anónima, mediante escritos, a través de redes sociales o cualquier medio digital, o utilizando sistemas de comunicación de difusión pública. También se agrava la sanción si se comete con armas, con la participación de dos o más personas, o, de manera crítica, cuando el autor sea una persona servidora pública que actúe en ejercicio de su cargo o abuse de sus funciones.
La legisladora fundamentó la urgencia de su propuesta con datos oficiales alarmantes. De acuerdo con la Coordinación Ejecutiva del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensores de los Derechos Humanos del Estado de México, entre el 31 de mayo de 2023 y julio de 2025 se documentaron 232 agresiones contra estos profesionales en la entidad. De ese total, 32 amenazas se materializaron en actos violentos, afectando a 23 defensores de derechos humanos y a nueve periodistas. Estas cifras evidencian un entorno de riesgo que demanda respuestas legales más eficaces.
Es crucial destacar que la iniciativa establece salvaguardas para no criminalizar acciones legítimas. El texto especifica que no se considerarán constitutivas de delito las conductas que deriven del ejercicio de la libertad de expresión, la actividad periodística, la defensa de derechos humanos, la protesta social o la crítica a servidores públicos en razón de sus funciones. Además, si el autor de la amenaza llega a consumar el hecho delictivo con el que amenazó, se acumularán las sanciones correspondientes a ambos delitos.
Más allá de la modificación penal, la propuesta de Movimiento Ciudadano incorpora componentes de prevención y protección operativa. Plantea la obligación del Estado de implementar un protocolo de intervención e interacción para las fuerzas de seguridad cuando actúen en contextos que involucren a periodistas y defensores. Este protocolo, que deberá ser proporcionado por la Coordinación Ejecutiva del Mecanismo de Protección, busca estandarizar procedimientos que garanticen la integridad de estas personas durante coberturas informativas o labores de defensa en situaciones de potencial conflicto.
Paralelamente, se propone la creación de un directorio de contacto voluntario y preventivo. Este registro tendría como objetivo agilizar la localización de periodistas y defensores en caso de una emergencia o agresión. La participación en este directorio sería completamente voluntaria, los datos proporcionados se manejarían con estricta confidencialidad y su inscripción no sería un requisito para acceder a las medidas de protección del mecanismo estatal, evitando así cualquier forma de condicionamiento.
El proceso de elaboración y actualización de este protocolo estaría a cargo de la Coordinación Ejecutiva del Mecanismo, la Secretaría de Seguridad estatal y las autoridades municipales. La iniciativa enfatiza la necesidad de que este documento se elabore retomando las mejores prácticas, estándares y protocolos modelo emitidos por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El protocolo final requeriría la aprobación de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección Integral, asegurando un consenso institucional.
En conjunto, esta iniciativa representa un abordaje integral que combina el fortalecimiento del marco sancionador con la implementación de herramientas prácticas de prevención. Al incrementar significativamente las penas por amenazas y establecer agravantes para casos de especial gravedad, se envía un mensaje claro sobre la seriedad con la que deben tratarse estos actos. Al mismo tiempo, los componentes de protocolo y directorio buscan crear una red de protección más robusta y eficiente, necesaria para garantizar que periodistas y defensores de derechos humanos puedan realizar su trabajo esencial para la democracia en condiciones de seguridad.
