El precio de la tortilla en Tamaulipas experimentará un incremento debido a la negativa de los industriales del sector a adherirse al Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla. Este pacto, diseñado a nivel federal, busca estabilizar y reducir gradualmente el costo por kilogramo de este alimento básico hasta en un 10% hacia el final del sexenio. Sin embargo, los productores locales consideran inviable su implementación bajo las condiciones actuales, citando la falta de incentivos reales y la presencia de factores que, lejos de apoyar, castigan económicamente al sector. José Enrique Yáñez Reyes, representante estatal de los productores, expone la situación con claridad: no solo carecemos de incentivos reales; además se nos castiga.
Una de las principales preocupaciones es la iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Rural para impulsar la tortilla elaborada con sorgo, la cual se vendería a 18 pesos por kilo. Esto representa una competencia desleal directa para la tortilla de maíz, que actualmente se comercializa a 28 pesos el kilogramo. Esta diferencia de precio, en un contexto de mercado ya deprimido, podría tener consecuencias devastadoras para las empresas familiares que han dedicado décadas a esta actividad. La viabilidad del acuerdo nacional se ve minada por la estructura misma de los apoyos prometidos.
Los ofrecimientos de financiamiento a través del Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura no son directos, sino que deben canalizarse a través de la banca comercial, lo que los convierte en promesas que no se materializan en beneficios tangibles para los productores de masa y tortilla. Esta falta de respaldo efectivo se combina con el aumento constante y generalizado de los costos de producción.
Los insumos clave, como la harina de maíz, el gas, los lubricantes y demás suministros, experimentan alzas diarias, reduciendo drásticamente los ya estrechos márgenes de utilidad. A esto se suman las obligaciones fijas como nóminas, impuestos, seguridad social y aportaciones al Infonavit, que conforman una carga financiera cada vez más difícil de absorber. Ante esta realidad, Yáñez Reyes es contundente: no podemos garantizar que la tortilla no suba. La industria se encuentra en una encrucijada donde la opción de mantener precios estables simplemente no es sostenible. Lo más probable es que el precio aumente este año o el próximo.
La decisión final sobre el momento exacto del ajuste dependerá de la voluntad y las acciones concretas de los diferentes niveles de gobierno. Existe una clara contradicción en las políticas aplicadas: por un lado, se solicita a los productores sumarse al acuerdo y contener los precios, y por el otro, se introduce una competencia estatal que socava su viabilidad económica. Si quieren que el acuerdo funcione en Tamaulipas, deben replantearlo, o nos respaldan para estabilizar el precio o nos van a hacer la guerra, afirmó el representante. La percepción general entre los industriales es que el acuerdo está mal diseñado y requiere correcciones sustanciales para generar beneficios reales. Incluso se tiene conocimiento de que a productores de otras entidades que ya se habían adherido al pacto se les suspendieron los apoyos prometidos, como ocurrió con los afectados por las inundaciones en Veracruz, lo que erosiona aún más la confianza en estos mecanismos.
En Tamaulipas, la oferta de un descuento en la tonelada de maíz queda supeditada a la disponibilidad efectiva del grano, un condicionante que añade incertidumbre y no compensa la expectativa de reducir el precio final al consumidor. Mientras en otros estados, como Guerrero, se desembolsaron 25 millones de pesos para la compra de maíz a través de un fondo revolvente, los productores de Tamaulipas aseguran que sus solicitudes de un respaldo similar no han obtenido respuesta.
Está programada una reunión con la Secretaría de Desarrollo Rural para el 4 de diciembre, que se presenta como una oportunidad crítica para destrabar el conflicto. No obstante, el escepticismo persiste. El acuerdo comenzó a aplicarse en junio, pero su aceptación en la entidad es nula porque, en la práctica, los productores no ven una ruta viable para su implementación sin sufrir pérdidas económicas. El sector se encuentra en una espera forzosa, evaluando sus opciones en un escenario donde la estabilidad de un alimento de primera necesidad pende de un hilo, tensionado entre las directrices federales, las iniciativas estatales y la cruda realidad de los costos de producción.
