Tamaulipas evalúa un aumento mínimo en la tarifa del transporte público

En Tamaulipas, las autoridades estatales podrían autorizar un ajuste en las tarifas del transporte público a partir del próximo 15 de agosto, según confirmó Armando Núñez Montelongo, subsecretario del Transporte. Los estudios técnicos ya han sido concluidos, y actualmente se encuentran en la fase final de validación de ingresos por ruta para determinar la viabilidad del incremento. El funcionario aseguró que, de aprobarse, el aumento sería mínimo y no superaría un peso, buscando equilibrar las necesidades financieras de los concesionarios con el impacto en los usuarios.

Este posible ajuste llega después de casi una década sin modificaciones significativas en las tarifas. El último incremento, de dos pesos, se autorizó en 2022 como respuesta a la presión inflacionaria, el alza en los costos de combustibles y refacciones, y la difícil situación económica que enfrentaban muchos operadores. La pandemia de COVID-19 agravó estos desafíos, provocando una reconfiguración forzada del sistema de transporte debido a la drástica reducción de pasajeros durante los periodos de confinamiento.

Núñez Montelongo explicó que muchas rutas, especialmente aquellas que servían a escuelas, universidades y centros laborales, desaparecieron al no ser sostenibles económicamente durante la crisis sanitaria. “No había universidades, no había escuelas, el propio gobierno y los municipios estaban cerrados. La gente no iba a trabajar y muchas rutas no soportaron esa carga económica”, señaló. Como consecuencia, aproximadamente el 30% del parque vehicular dejó de operar, generando una cobertura insuficiente y problemas de movilidad para los usuarios.

Actualmente, el gobierno estatal trabaja en un reordenamiento integral de las rutas para optimizar el servicio y evitar que los pasajeros deban pagar doble pasaje por falta de conexiones eficientes. “Estamos ordenando. No es suficiente el transporte que tenemos. Muchas rutas tienen unidades de más o de menos, y las estamos modificando siempre pensando en el pasajero”, afirmó el subsecretario. Este proceso incluye ajustes en la distribución de unidades para equilibrar la demanda y mejorar la frecuencia en los recorridos más transitados.

Además de la reorganización operativa, las autoridades mantienen controles estrictos sobre las condiciones mecánicas de las unidades en circulación. Los concesionarios están obligados a cumplir con revisiones técnicas periódicas, verificación documental y exámenes toxicológicos aleatorios para los operadores, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios. Si bien la modernización de la flota vehicular sigue siendo una meta a largo plazo, la prioridad inmediata es asegurar que el servicio cumpla con los estándares mínimos de calidad y confiabilidad.

El posible incremento tarifario, aunque modesto, busca aliviar parcialmente los costos operativos de los concesionarios sin generar un impacto excesivo en la economía familiar. Sin embargo, el gobierno reconoce que cualquier ajuste debe ir acompañado de mejoras tangibles en la eficiencia del servicio para mantener el equilibrio entre sostenibilidad financiera y accesibilidad para la población. La decisión final se dará a conocer una vez concluya el análisis de ingresos por ruta, determinando si el aumento es necesario o si puede posponerse.