Trece niñas, niños y adolescentes han quedado en situación de orfandad en Tamaulipas como consecuencia directa de feminicidios ocurridos en un lapso de tres años. Esta cifra, obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, revela una dimensión humana de la violencia de género que suele permanecer en la sombra: las víctimas indirectas.
La Comisión Estatal de Atención a Víctimas afirma dar seguimiento a estos casos, pero testimonios desde el terreno pintan un cuadro de desamparo y abandono oficial. Los datos oficiales detallan que las edades de estos menores oscilan entre un año y 16 años.
La mayoría son niñas y su ubicación geográfica se concentra significativamente en la ciudad fronteriza de Matamoros. El desglose por años muestra que en 2022 se registró un niño de 12 años originario de Altamira. En 2023, fue una adolescente de 16 años residente en Nuevo Laredo.
El año 2024 acumula la mayor parte de esta trágica estadística, con once menores huérfanos. De ellos, nueve son de Matamoros: seis niñas de 2, 3, 4, 5, 11 y 12 años, y tres niños de 13, 10 y 9 años. Además, se registró un menor de un año en Ciudad Victoria y otro de cinco en Reynosa.
La respuesta institucional, proporcionada en junio del presente año, no contenía información sobre casos ocurridos en 2025. Martha de la Cruz, representante de la colectiva feminista Mujer Manglar, ofrece un contundente análisis de la situación. Afirma que, tanto en Tamaulipas como en el resto de México, estos niños y niñas se encuentran en un estado de abandono por parte de las autoridades.
“En la zona sur hay varios casos donde las víctimas de feminicidio dejaron hijos y la constante es que no existe apoyo”, señala. Explica que, si bien existe un padrón con nombres y cifras, este carece del contexto necesario para brindar una ayuda efectiva y sensible a las necesidades reales. Uno de los puntos más críticos que subraya es la incertidumbre sobre la custodia de los menores.
“No hay contextos, por ejemplo, sobre quién se queda a cargo. A veces la misma familia del feminicida se hace cargo de las infancias y es volver a violentarlos, eso tiene que evitarse, no es un entorno seguro. Y a veces son las abuelas maternas, pero viviendo en condiciones de precariedad que ellas ya tenían desde antes y al traer a uno o dos menores a su casa se agudiza”. Esta situación no solo perpetúa la inseguridad para los niños, sino que profundiza las condiciones de pobreza de las familias extendidas que asumen su cuidado. La activista considera urgente la creación de un sistema integral que vele genuinamente por estas víctimas. Este sistema debería garantizarles educación, salud, alimentación, vivienda y vestido, extendiendo este apoyo a las personas que asumen su custodia, como abuelas, tías o hermanas.
El acompañamiento psicológico especializado es, enfatiza, una parte fundamental de la reparación del daño que no se está proporcionando. La falta de este apoyo deja graves secuelas emocionales y, en ocasiones, propicia la repetición de patrones de violencia machista en los hijos varones. “Hay una ley de víctimas que no se cumple”, denuncia De la Cruz. “Las mamás que buscan justicia para sus hijas tienen derecho como víctimas colaterales del feminicidio, pero no las tienen cubiertas, no se cubren sus derechos victimales”.
Reitera que, aunque existe un presupuesto designado para atender a estas infancias, los recursos no se ejecutan de manera efectiva ni llegan a quienes los necesitan, vulnerando los derechos humanos de la niñez que es víctima de la violencia feminicida. Para ilustrar la gravedad de la situación, menciona casos concretos del sur de Tamaulipas. Uno de ellos es el de una joven cuyo cuerpo fue hallado en una laguna de Altamira, un caso con una investigación lenta que ha revictimizado a su madre. “Ella dejó una pequeña de tres años que tampoco está teniendo ningún acompañamiento por parte del Estado, nadie se ha acercado para ver sus necesidades y hoy es una huérfana de la violencia feminicida”.
Otro caso es el de Fanny, una joven que trabajaba como payasita para sustentar a sus hijas y cuyas pequeñas tampoco han recibido respaldo alguno. “Nos ha tocado ver casos donde incluso son los niños quienes encuentran los cuerpos de sus madres y jamás tienen apoyo psicológico”, relata. La principal exigencia de los colectivos sigue siendo la erradicación de la violencia. Sin embargo, ante la incapacidad de las instituciones para garantizar la seguridad de las mujeres, la demanda se extiende a que el Estado se haga cargo de manera irrenunciable de cubrir los derechos de las víctimas indirectas: los hijos e hijas que quedan atrás, cargando con un duelo traumático y un futuro incierto, invisibles en medio de la crisis.
