Veracruz ejecuta una reingeniería fiscal disruptiva
XALAPA, Ver. – El Gobierno de Veracruz ha ejecutado una maniobra financiera de alto impacto, liquidando por completo su pasivo histórico con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y anticipando pagos sustanciales al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en una operación global que asciende a 44 mil millones de pesos.
En el ejercicio fiscal actual, la administración estatal ha cancelado la totalidad de sus obligaciones fiscales pendientes, por un monto de 30 mil millones; y ha realizado un desembolso anticipado de 14 mil millones al organismo de seguridad social, de una deuda residual de 25 mil millones.
Esta estrategia ha permitido a Veracruz reducir su carga financiera global en un 42 por ciento, tras pasar de 119 mil millones a 62 mil millones de pesos, según informó la gobernadora Rocío Nahle García.
La arquitectura de una estrategia financiera vanguardista
La mandataria estatal explicó que este saneamiento se logró sin comprometer la inversión estratégica en infraestructura pública, seguridad ciudadana, sanidad ni iniciativas de desarrollo social. El resultado se alcanzó mediante una ingeniería financiera que posibilitó extinguir al cien por ciento el adeudo crónico con el fisco federal, al saldar los 30 mil millones de pesos acumulados desde 2009.
Nahle recalcó que Veracruz es la única entidad federativa que se adhirió y cumplió integralmente con el programa federal Deudor Cumplido. “Hoy la exposición financiera con el SAT es nula, tras 16 años; capitalizamos una ventana de oportunidad única y lo materializamos por el futuro de Veracruz”, afirmó.
El dividendo estratégico de la estabilidad macroeconómica
Como contraparte de los acuerdos con la Federación, Veracruz también redujo su exposición ante el ISSSTE, de 25 mil a 11 mil millones de pesos. Nahle enfatizó que esta racionalización del gasto y la deuda se aplicó sin sacrificar la inversión crítica, resaltando la modernización de flotillas de patrullas, la dotación de equipamiento táctico y la mejora salarial para los cuerpos policiales; la adquisición de unidades médicas móviles y el robustecimiento de la red de protección social.
