Activista denunciado por exponer riesgos en candidatos judiciales

El presidente de la agrupación civil Defensorxs, Miguel Alfonso Meza, enfrenta una denuncia por violencia política en razón de género, presentada por un candidato a juez federal previamente señalado como “altamente riesgoso”. El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó información sobre el caso, pero Meza se negó a revelar sus fuentes, defendiendo el derecho a la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.

Antes de las elecciones del 1 de junio, Defensorxs expuso una lista de candidatos vinculados a grupos criminales, delitos sexuales y otros ilícitos. Entre ellos figuraba Luis Castañeda Palacios, exsubdirector de Defensa Legal en la Consejería Jurídica de la Presidencia, quien acumulaba 36 denuncias por acoso sexual y una por homicidio culposo.

Meza denunció que el INE y el Tribunal Electoral se han convertido en instrumentos de censura contra periodistas y activistas, utilizando figuras legales como la violencia política para silenciar críticas. “El abuso de estas herramientas amenaza la democracia”, afirmó, destacando casos recientes de sanciones a comunicadores y ciudadanos por exponer irregularidades.

Entre los ejemplos citados está el periodista Juan Jesús Gardel Castañeda, multado por revelar presuntos desvíos de recursos públicos, y la ciudadana Karla Estrella, obligada a disculparse por señalar nepotismo. “Estas acciones generan un efecto escalofriante: disuaden a otros de denunciar injusticias”, advirtió Meza.

El activista llamó a la sociedad a resistir colectivamente: “La defensa de las libertades requiere unidad. Debemos desafiar las órdenes de censura, proteger a las fuentes y amplificar las voces críticas”. Su postura reafirma que el periodismo debe evaluarse por su rigor, no por presiones judiciales.

¿Hasta dónde llegará la criminalización de la disidencia? Este caso evidencia una batalla crucial: el derecho a informar frente al poder que busca controlar la narrativa.