Nacional
Activistas enfrentan proceso judicial por protesta hídrica en Puebla
Un conflicto por el agua enfrenta a comunidades y autoridades, con dos activistas procesados judicialmente tras las protestas.

Conflicto Hídrico y Activismo Digital en la Era de la Conciencia Colectiva
Dos defensores ambientales que bloquearon operaciones de perforación de un pozo de abastecimiento para comunidades de Puebla fueron vinculados formalmente por el presunto delito de ataque a las vías generales de comunicación.
Un Juez de Control determinó la existencia de elementos para iniciar un proceso judicial federal en contra de Renato ‘N’ y Pascual ‘N’, aunque no decretó medidas cautelares, permitiéndoles mantener su libertad condicional durante el proceso.
En el Centro de Justicia Penal Federal de Puebla se desarrolló la audiencia definitiva donde se confirmó la vinculación a proceso. El abogado defensor Tonatiuh Sarabia anunció inmediatamente que impugnarán la resolución judicial.
Los hechos ocurrieron a finales de mayo cuando aproximadamente 30 personas participaron en una manifestación que impidió la instalación de infraestructura hidráulica crítica en el municipio de Xoxtla. La protesta incluyó el bloqueo de la autopista México-Puebla durante más de ocho horas.
La Fiscalía General de la República presentó la denuncia formal por el presunto delito, resultando en el procesamiento judicial de los activistas, quienes tienen historial de oposición a corporaciones porcinas y proyectos hidrológicos en la región.
Según informes oficiales, el suministro de agua potable para más de 350,000 habitantes de Puebla está en situación de riesgo debido a la oposición del colectivo activista a la perforación del pozo.
Las labores de excavación y equipamiento técnico en el municipio de Xoxtla permanecen paralizadas, comprometiendo el abastecimiento del recurso hídrico para la zona sur de la capital y la propia población de Xoxtla, que históricamente ha sufrido por la gestión deficiente de un Comité Privado.
Este proyecto forma parte del Plan Hídrico Nacional diseñado para garantizar el derecho humano al agua. Sin embargo, desde mayo del presente año el conflicto socioambiental se intensificó cuando se intentaba ejecutar un acuerdo previo para equipar el pozo, cuya capacidad estimada alcanzaría los 50 litros por segundo.

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