Activistas que impulsaron reforma compiten por puestos clave en búsqueda de desaparecidos

¿Quiénes deciden realmente el rumbo de las políticas de búsqueda de personas desaparecidas en México? La respuesta podría estar en una audiencia celebrada esta mañana en el Senado, donde 17 candidatos —entre ellos tres figuras clave en la reforma legal de 2023— compiten por cinco puestos honorarios en el Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB). Un organismo que, según documentos oficiales consultados por este medio, lleva seis meses sin sesionar pese a la crisis humanitaria que registra más de 110,000 casos sin resolver.

Francisco Espinosa Granados y Araceli Rodríguez Nava, representantes de la Unión y Red Nacional de Búsqueda y el Movimiento por Nuestros Desaparecidos, no son simples postulantes. Según actas de reuniones obtenidas mediante solicitudes de transparencia, ambos participaron activamente en las 29 modificaciones a la Ley de Desaparición Forzada promovidas por la Segob en junio pasado. ¿Su objetivo declarado? “Garantizar que las familias tengan voz real en las fiscalías”, como afirmó Rodríguez Nava durante su intervención.

Pero hay un tercer nombre que llama la atención: Alejandrina Fabiola Orozco, coordinadora de la Red por Nayarit. En declaraciones bajo condición de anonimato, un funcionario estatal reveló que Orozco logró lo impensable: acceso directo a las carpetas de investigación en tres estados. “Ella demostró que las buscadoras pueden localizar fosas con mayor efectividad que las propias autoridades”, admitió la fuente.

Los expedientes muestran un patrón preocupante: de los 17 aspirantes, solo estos tres tienen registro de participación constante en las 17 mesas técnicas previas a la reforma. ¿Estamos ante un intento de las organizaciones más influyentes por consolidar su poder? O como cuestiona el padre Javier Gutiérrez, cuyo hijo desapareció en 2017: “¿Es representativo un consejo donde solo cinco familias deciden por miles?”.

Mientras el pleno del Senado delibera, un dato emerge de los informes oficiales: el 68% de las recomendaciones del Consejo Ciudadano en los últimos dos años nunca fueron implementadas. Esto plantea una incógnita mayor: ¿servirá de algo ocupar estos cargos? La respuesta, como las miles de familias que siguen buscando, aún está desaparecida.