Ciudad de México.– La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fue señalada por presuntamente presionar a víctimas de un secuestro cometido por elementos de la Guardia Nacional (GN) para aceptar una conciliación unilateral y dar por concluida una queja, a pesar de que los afectados manifestaron reiteradamente su rechazo a dicho mecanismo.
De acuerdo con Miguel Ángel Barrueta Enciso, integrante de una de las familias afectadas, la queja interpuesta ante la CNDH el 5 de abril de 2024 fue declarada como concluida mediante una negociación que, asegura, les fue impuesta, sin que las víctimas conocieran ni firmaran los términos del acuerdo.
En su resolutivo, fechado el 16 de octubre de 2025 y correspondiente al expediente CNDH/2/2024/5305/Q, la Segunda Visitaduría General determinó que los elementos de la Guardia Nacional involucrados incurrieron únicamente en responsabilidad administrativa, al considerar que los hechos no constituyen una violación grave a los derechos humanos, por lo que no procedió emitir una recomendación.
El secuestro
Los hechos se remontan al 11 de octubre de 2023, en San Martín Texmelucan, Puebla, cuando dos personas fueron privadas de la libertad por sujetos que inicialmente se hicieron pasar por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Posteriormente se confirmó que uno de los implicados era elemento activo de la Guardia Nacional y otro exmilitar.
El secuestro fue frustrado cuando el padre de una de las víctimas llegó de manera inesperada al lugar, lo que derivó en un forcejeo y en la intervención de vecinos, quienes lograron someter a los agresores. La Fiscalía General de Puebla estableció que los responsables utilizaron armas oficiales y fueron escoltados por una patrulla de la GN, perteneciente a la 238 Compañía del Tercer Batallón, con sede en Texcoco.
Las investigaciones señalaron como presunto responsable al comandante Obed N., quien fue detenido en febrero de 2025 tras permanecer prófugo. Otros cinco elementos de la GN que acompañaron a los secuestradores fueron exonerados tras declarar que actuaron bajo órdenes superiores. En noviembre de 2024, también fue detenido Javier N., integrante de una banda local que habría proporcionado información sobre posibles víctimas.
Rechazo a la conciliación
Barrueta Enciso sostiene que la CNDH calificó el secuestro como una “retención ilegal”, figura que, de acuerdo con su versión, no corresponde a los hechos, ya que los implicados enfrentan procesos penales por secuestro agravado, al ser miembros de fuerzas armadas.
El afectado denunció que la Comisión dio por hecho que las víctimas conocieron y aceptaron los puntos conciliatorios, pese a que éstos fueron acordados únicamente con la Guardia Nacional. “Esto representa una nueva afectación a nuestros derechos y un acto de revictimización”, afirmó.
El acta conciliatoria fue aceptada por la GN el 2 de septiembre de 2025, lo que permitió a la CNDH cerrar el expediente. Posteriormente, Barrueta presentó un recurso de inconformidad; sin embargo, la Segunda Visitaduría General respondió que no procede ningún recurso contra resoluciones definitivas del organismo.
Impacto en las víctimas
A más de dos años de los hechos, las familias continúan enfrentando secuelas personales, económicas y emocionales. Uno de los secuestrados tuvo que abandonar sus estudios universitarios y solicitar asilo en el extranjero, mientras que la otra víctima sufrió la ruptura de su relación de pareja y problemas laborales por la carga de audiencias judiciales.
La CNDH solicitó hasta octubre de 2025 la inscripción de los afectados en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y en el Registro Nacional de Víctimas, pese a que las familias han cubierto por su cuenta atención psicológica, psiquiátrica y médica.
Barrueta Enciso, considerado víctima indirecta, denunció haber recibido amenazas debido a su participación como abogado en el caso. Hasta el momento, no ha recibido respuesta a un escrito dirigido a la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra.
Mientras los procesos penales en el ámbito federal y estatal continúan sin resolverse, las víctimas expresan desconfianza en las instituciones de seguridad y justicia, al considerar que el cierre de la queja ante la CNDH profundiza su situación de indefensión.
