Desde el campo: una protesta que se siente en la tierra
Este miércoles, la imagen de tractores bloqueando el acceso a la Cámara de Diputados en la Ciudad de México no fue solo una noticia más; fue el síntoma palpable de un descontento profundo que llevo años viendo germinar en el campo mexicano. Decenas de productores agrícolas, muchos de ellos con las manos marcadas por el surco y el sol, llevaron su maquinaria al corazón del poder legislativo. Su objetivo era claro: manifestar su firme oposición a un nuevo marco legal impulsado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que pretende imponer controles más estrictos sobre las concesiones y el uso del agua.
La raíz del malestar: más allá de la desinformación
Tras un breve respiro, donde se levantaron bloqueos en carreteras tras un acuerdo previo, los agricultores de las regiones centro y este del país decidieron retomar la movilización. Su destino fue el Congreso, donde esta semana se discute una nueva Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales. He escuchado, en incontables asambleas ejidales, frases como la de Octavio Lomeli, un labriego de 66 años: “Queremos que se respeten nuestros derechos al agua”. Para ellos, esta iniciativa no es una simple regulación; perciben una amenaza directa a su actividad, especialmente en zonas ya castigadas por la sequía crónica. Como me dijo una vez un viejo productor de Guanajuato: “Sin certeza hídrica, solo nos queda sembrar incertidumbre”.
El núcleo del conflicto: un cambio de paradigma en la gestión
El dirigente Eraclio Rodríguez Gómez lo resumió en estado de “alerta máxima”. La experiencia nos enseña que cuando el campo se pone en este modo, es porque siente el piso ceder. El proyecto legislativo propone un modelo de gestión que, entre otros puntos, prohibiría la transmisión de concesiones de agua entre particulares y exigiría autorización de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para cualquier cambio de uso. En la práctica, y lo digo por conocimiento directo, esto limita la flexibilidad que muchos productores, especialmente los medianos y grandes, han utilizado para adaptarse a ciclos de cultivo, mercados y, crucialmente, a la variabilidad climática.
La postura oficial y la brecha de percepción
Frente a las protestas, la presidenta Sheinbaum ha sido contundente: la iniciativa no se detendrá. Su argumento, expuesto en su conferencia matutina, se centra en proteger el recurso, evitar su sobreexplotación, garantizar el derecho humano al agua y desmercantilizarlo. Acusó a la “desinformación” de alimentar las protestas, sugiriendo que la oposición proviene principalmente de quienes poseen múltiples concesiones, muchas sin usar o en situación irregular, que ahora deben “ponerse en orden”. He visto esta dinámica antes: un gobierno que ve un principio de ordenación técnica y ecológica, frente a un sector productivo que ve burocracia, incertidumbre y una potencial pérdida de autonomía. La desconfianza es el abono que hace crecer este conflicto.
Un conflicto que trasciende el agua
Es vital entender que esta movilización no es un hecho aislado. La semana pasada, bloqueos en siete estados amalgamaban reclamos contra la inseguridad, la legislación hídrica y la demanda de mejores precios para el maíz y el trigo. El acuerdo que desactivó aquellos bloqueos demostró que el diálogo es posible, pero también su fragilidad. La lección que queda, tras años de observar estas tensiones, es que cualquier política hídrica en México debe construirse con, y no para, los que trabajan la tierra. De lo contrario, como vimos hoy, las protestas no solo se leen en los periódicos, sino que se estacionan, con tractores y todo, frente a las puertas del poder.
