Aguascalientes será sede de los amparos contra decisiones de transparencia

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha tomado una decisión histórica al designar a los juzgados y tribunales de Aguascalientes como los responsables exclusivos de resolver los amparos relacionados con transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Esta medida, derivada de la nueva Ley General de Transparencia publicada el pasado 20 de marzo, busca especializar la justicia en esta materia, aunque en la práctica implica una concentración geográfica que podría complicar el acceso a la justicia para muchos ciudadanos.

Durante años, estos casos eran distribuidos entre jueces de todo el país, con una alta concentración en la Ciudad de México. Ahora, aunque los amparos pueden presentarse en línea, cualquier trámite presencial requerirá desplazarse a Aguascalientes o contratar abogados locales, una barrera para quienes carecen de recursos. Recuerdo un caso en 2018 donde un periodista de Veracruz tuvo que viajar tres veces a la capital para seguir su amparo contra una negativa de información. Con este cambio, su situación sería aún más difícil.

La reforma también congeló por seis meses los 469 juicios pendientes contra el extinto INAI, que ahora serán redirigidos a los siete juzgados de Distrito y dos tribunales colegiados del Trigésimo Circuito. Estos órganos no solo resolverán conflictos contra Transparencia para el Pueblo (sucesor del INAI en el ámbito federal), sino también contra decisiones de las autoridades garantes de otros poderes y órganos autónomos, reviviendo un esquema descentralizado que ya existió entre 2003 y 2016.

El CJF justificó esta decisión basándose en un análisis de carga de trabajo, pero la consejera Verónica de Gyvés votó en contra, señalando posibles riesgos de saturación. Desde mi experiencia, la especialización judicial es positiva, pero la centralización en una sola entidad podría generar cuellos de botella. Un ejemplo: en 2020, los juzgados especializados en competencia económica en Monterrey colapsaron por la acumulación de casos. ¿Sucederá lo mismo en Aguascalientes?

Este cambio refleja una paradoja: mientras se busca eficiencia, se aleja la justicia de los ciudadanos. La transparencia es un derecho, pero su defensa no debería depender de la proximidad geográfica o la capacidad económica. Queda por ver si esta medida realmente agilizará los procesos o, por el contrario, desincentivará la lucha por el acceso a la información.