En un movimiento disruptivo para erradicar prácticas opacas, el alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez implementó una política de cero tolerancia: los altos mandos de la administración municipal tienen vetado asistir a establecimientos gourmet con proveedores.
“En esta gestión rompimos el paradigma: los acuerdos se toman en oficinas, no entre copas y platillos de alta cocina”, declaró el edil morenista, reflejando la nueva ética pública que prioriza la rendición de cuentas.
La medida, vigente desde hace trimestres, prohíbe terminantemente a directivos municipales consumir en locales de alta gama, donde un solo menú puede equivaler al salario quincenal de un operario de servicios urbanos.
“Basta de simulación: si queremos combatir la desigualdad, debemos empezar por nuestros hábitos”, sentenció Ramírez Sánchez, alineándose con las demandas ciudadanas de gobiernos austeros y transparentes en la era post-pandemia.
La administración actual estableció protocolos estrictos: negociaciones solo en espacios institucionales, cotizaciones con equidad de género para proveedores, y auditorías digitales en tiempo real para garantizar precios de mercado.
