El Congreso del estado de Chihuahua ha sancionado una modificación a su Ley Estatal de Educación que establece la prohibición expresa del uso del lenguaje inclusivo en todos los centros educativos de la entidad, ya sean públicos o privados con reconocimiento oficial. Con esta acción legislativa, Chihuahua se posiciona como la primera entidad federativa en México en implementar una restricción de esta naturaleza en el ámbito escolar de forma explícita.
La propuesta, impulsada desde la bancada del Partido Acción Nacional, ha generado un intenso debate que trasciende el ámbito político y se ha instalado con fuerza en la esfera pública y las redes sociales, evidenciando una marcada división de opiniones. La iniciativa, cuyo promotor fue el diputado Carlos Olson San Vicente, introduce una nueva fracción al artículo 8º de la legislación educativa, imponiendo a las autoridades escolares la obligación de garantizar que la enseñanza básica se realice conforme a las normas que rigen el uso correcto del idioma español.
Durante la sesión ordinaria en la que se discutió la reforma, el legislador argumentó que la educación básica constituye un pilar fundamental para preservar la riqueza y la unidad de la lengua, a la que describió como un vehículo esencial de identidad cultural. La defensa de la medida se centró en la premisa de que una enseñanza estrictamente apegada a los principios gramaticales y ortográficos dota a los estudiantes de las herramientas necesarias para expresarse con precisión y claridad conceptual.
El dictamen que fue sometido a votación incorporó también argumentaciones de carácter académico, citando específicamente a la lingüista Concepción Company Company, quien ha calificado el fenómeno del lenguaje inclusivo como un “falso problema” que desvía la atención de desafíos educativos más profundos. La académica sostiene que solo alrededor del tres por ciento de la gramática española está directamente vinculada al sexo del referente. Desde el Grupo Parlamentario del PAN se defendió la postura de que la adhesión a las normas gramaticales establecidas contribuye a fomentar la disciplina intelectual y a estructurar el pensamiento de manera ordenada durante la formación de los alumnos, un aspecto que consideran crucial. Sin embargo, el proceso de aprobación no estuvo exento de fricción y controversia.
La discusión en el pleno del congreso se prolongó por más de noventa minutos, con la bancada de Morena intentando, sin éxito, que la iniciativa fuera devuelta a la Comisión de Educación para un análisis más pormenorizado y exhaustivo. Colectivos dedicados a la defensa de los derechos humanos y representantes de la comunidad LGBT+ manifestaron su preocupación, advirtiendo que los fundamentos expuestos en el dictamen podrían ser interpretados como una forma de discurso de odio y que, en la práctica, la reforma podría servir para legitimar la exclusión de las expresiones de género no binarias dentro de los espacios educativos, afectando el reconocimiento y la dignidad de estudiantes trans y no binarios.
La decisión legislativa desencadenó una reacción inmediata y de tono marcadamente polarizado en las plataformas digitales. El diputado Olson celebró la sanción mediante una publicación en la red social X, donde afirmó: “¡LO LOGRAMOS! Chihuahua es el primer estado del país en prohibir el lenguaje inclusivo en escuelas. No más lenguaje ideologizado en los salones ni confusiones woke: sólo la verdad biológica de que únicamente existen niños y niñas, no ‘niñes’.”
Esta declaración contrasta con las opiniones de otros usuarios que, criticando la medida, señalaron que “La lengua evoluciona, algunas personas no” y reafirmaron que “nadie nos puede prohibir cómo hablar”, un reflejo de la profunda brecha ideológica existente en México en torno a los temas de inclusión y diversidad en la educación. La reforma adquirirá plena vigencia jurídica una vez que sea publicada en el Periódico Oficial del Estado, momento a partir del cual las instituciones educativas estarán obligadas a su cumplimiento.
